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domingo, 17 de febrero de 2019
Titulares de Prensa
Nacional
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  • Un hombre se suicida tras matar presuntamente a su padre y a su tío en Colmenarejo
    Un hombre de 30 años se ha suicidado al tirarse desde la azotea de un edificio de Plaza de Castilla, en Madrid, presuntamente tras haber matado a dos familiares cuyos cadáveres presentan signos de violencia en su vivienda, ubicada en la localidad de Colmenarejo. Los familiares podrían tratarse de su padre y su tío, según han señalado a Efe fuentes de la Guardia Civil, que han confirmado la noticia adelantada por el diario El Mundo y de cuya investigación está a cargo el Instituto Armado. Agentes de la Policía Nacional hallaron este sábado en torno a las once de la mañana el cadáver del hombre, que se había lanzado al vacío desde la azotea situada en la planta 22 de un edificio de la Plaza de Castilla número 3. Al examinarlo, detectaron un corte severo en su muñeca derecha, lo que les hizo sospechar que se trataba de un suicidio, según han señalado a Efe fuentes policiales. El grupo de homicidios de la Policía Nacional empezó a investigar este suceso y se trasladó al domicilio del fallecido, en la urbanización Parque Azul de Colmenarejo, para tratar de localizar a algún familiar. Al llegar allí, como no respondía nadie, solicitaron la entrada y el registro en la vivienda, donde encontraron los cadáveres de dos personas que podrían tratarse del padre y el tío del fallecidos. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación ya que la localidad de Colmenarejo está en el ámbito de sus competencias, ha añadido que estos dos cadáveres presentaban signos de violencia. Desde el Instituto Armado han comentado que hay que esperar los resultados de las autopsias y más avances en la investigación para determinar tanto los motivos de los fallecimientos como los vínculos familiares existentes entre los tres hombres. La Guardia Civil investiga los hechos en los que «apunta» a que el hombre que se ha quitado la vida sería el autor de las muertes de sus familiares. Según ha adelantado el diario «El Mundo», el hombre se ha lanzado desde una planta 22 de un edificio de Plaza de Castilla. Los asesinatos se habrían producido en una urbanización de la localidad de Colmenarejo. Se ha hecho cargo de las pesquisas el Grupo de Homicidios de la Comandancia. Por ahora, hay que esperar a los resultados de las autopsias y conocer más datos de lo ocurrido para determinar lo sucedido y los vínculos familiares entre los tres hombres.

  • Una mujer sufre heridas en la cara tras ser atacada por un perro en Puertollano
    Una mujer de 49 años ha sufrido heridas en la cara tras ser atacada por un perro este sábado en la calle Santa Teresa de Jesús del municipio ciudadrealeño de Puertollano. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos tuvieron lugar a las 21.20 horas de este sábado y, a consecuencia de las heridas, la afectada fue trasladada al hospital Santa Bárbara de la localidad. En el lugar de los hechos se personaron una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Local.

  • Desalojan el hotel Torremangana de Cuenca debido a un incendio en su cocina
    Pasaban las nueve y media de la mañana cuando un fuego en la cocina del hotel Torremangana de Cuenca se descontroló, por lo que ha tenido que ser desalojado por completo para prevenir de cualquier peligro a las personas que trabajan y se hospedan en este establecimiento hotelero. En concreto, son 240 los huéspedes a los que daba alojamiento este hotel de la capital conquense, que se encontraba completo durante todo el fin de semana. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el incendio ha sido detectado a las 9.37 horas de este domingo y ya está controlado, aunque no ha sido extinguido aún. Hasta el lugar se han desplazado bomberos, Policía Nacional, Policía Local, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI.

  • Fallece un joven de 26 años al recibir un disparo de un familiar en Sonseca
    Alejandro C. G., de 26 años y vecino de Sonseca, ha ingresado cadáver esta madrugada en el hospital Virgen de la Salud de Toledo cuando era trasladado desde Sonseca en un vehículo particular. El joven había recibido un disparo, por parte de un pariente, en el domicilio familiar, situado en la calle de los Reyes Católicos. El suceso ocurrió en torno a la medianoche. El presunto autor del disparo ha sido detenido, según han confirmado a ABC fuentes de la Guardia Civil. Se trabaja también con la hipotesis de que podría tratarse de un accidente.

  • Acusan a un condenado por maltrato de matar a su suegra tras culparla de su ruptura
    La sección segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña celebrará a partir del próximo miércoles el juicio contra un hombre acusado de matar a su suegra, a quien culpaba del desgaste de su relación. El hombre, condenado previamente por un delito de malos tratos, agredió a la mujer «de manera brutal», según relata la acusación. La Fiscalía reclamará para él una pena de 20 años de prisión. El acusado y su pareja habían retomado la relación, después de que éste cumpliera su condena en la cárcel. Junto con un hijo de otra pareja, se fueron a vivir juntos a su domicilio de La Coruña, donde nacería la hija de ambos. A partir de aquí, la situación fue «deteriorándose progresivamente», apunta el Ministerio Fiscal. El «carácter violento» del hombre forzó a su pareja a abandonar la casa para buscar «refugio» en la de su madre, donde llegó a instalarse definitivamente durante un periodo de meses. Con todo, las citas entre ambos seguián produciéndose. Él veía a la mejor de acuerdo con su ya expareja, aunque el clima no fue a mejor. Las visitas «se hicieron más conflictivas» y el acusado comenzó «a hacer gala de una manifiesta inquina» contra su suegra, a quien culpaba de la ruptura. El crimen llegó el 20 de agosto de 2017. La publicación, por parte de su expareja, de una foto con otro hombre en las redes sociales enfureció al acusado, que decidió asesinar a la suegra, «siendo plenamente consciente de sus actos». En el relato que hace la Fiscalía del suceso, se expone que el mismo día, en torno a las seis de la tarde, el hombre se presentó en casa de víctima. Al abrir la puerta, «de manera inopinada y sorpresiva», «comenzó a golpearla de manera brutal en la cabeza y en el resto del cuerpo, aprovechándose de la desproporción física entre ambos». Él medía 1,80, su suegra 1,50. Tanto la expareja como la menor estuvieron presente durante la paliza. Por todo ello, el Ministerio Público le reclama una pena de 20 de años de prisión sin que concurran atenuantes. El acusado está diagnosticado de toxicomanía, síndrome ansioso depresivo y trastorno mixto de la personalidad pero, según el escrito la fiscal, su patología «no afectó en absoluto a su voluntad ni a su capacidad de comprensión de los hechos descritos». Además de la pena de cárcel, el hombre deberá hacer frente a una indemnización de 86.000 euros en total en concepto de daño moral.

  • Martúe 2016, nueva añada del vino estrella de la DO Pago Campo de la Guardia
    La de 2016 en la DO Pago Campo de La Guardia, en Toledo, se recordará como una añada magnífica. El invierno trajo un tiempo seco y frío que retrasó el brote de la vid, seguido de una primavera lluviosa con temperaturas suaves que permitieron a las viñas de Martúe brotar con vigor y muchas reservas. Con estos parámetros climáticos, el grandioso terroir del Pago y el buen hacer de Bodegas Martúe, ahora ve la luz un vino memorable: Martúe 2016. Una producción de excelente calidad. Un exhaustivo coupage de un 33% Syrah, 21% Cabernet Sauvignon, 20% Petit Verdot y 19% Malbec y 7% Merlot. En total 115.430 botellas bordelesas y 1.250 botellas Mágnum. La elaboración de este vino es artesanal y conlleva largas maceraciones con levaduras autóctonas. Martúe 2016 ha permanecido durante 10 meses en barricas de roble francés. Para mantener al máximo todas sus cualidades, este vino no ha sido sometido a duros tratamientos de estabilización y filtrado, por lo que con el tiempo puede aparecer un pequeño sedimento natural. Ideal con todo tipo de carnes, incluso caza y con quesos fuertes como el manchego. Se recomienda servirlo entre 16-18ºC. Para apreciar todas sus cualidades se recomienda decantar 20 minutos antes de su consumo. Consumo óptimo hasta 2024. DO Pago Campo de la Guardia Martúe tiene suelos calizos, salinos y muy pobres en nutrientes producen vinos elegantes y potentes, de alta calidad. El Pago Campo de la Guardia se caracteriza por temperaturas extremas típicas del clima continental, con veranos cálidos y secos e inviernos fríos y secos. Se observa un gran intervalo de temperaturas noche-día durante los meses de maduración de las uvas, de julio a septiembre, lo que permite una mayor síntesis de polifenoles durante las noches. Vino de Pago es la máxima calificación que contempla la legislación española en materia vitivinícola, por encima de la Denominación de Origen. El concepto de Pago aplicado al vino se refiere a un viñedo situado en un enclave especial, con suelos singulares y un clima privilegiado que imprime al vino unas cualidades únicas. Sólo diecinueve bodegas en España cuentan con esta distinción. Martúe es una bodega familiar que nace en La Guardia de Toledo y cuya primera cosecha se etiqueta con el nombre Martúe 2001. En el año 2009, Martúe obtiene la calificación de Pago Campo de La Guardia, una de las 19 fincas que hay en España con esta prestigiosa calificación. Su llegada a Blanco Nieva (mítica bodega segoviana) supuso un impulso para estos vinos blancos de Denominación de Origen Rueda, manteniendo la filosofía Martúe: pequeñas producciones de vinos de máxima calidad al mejor precio.

  • Abusa sexualmente de una joven tras dejar a su novia durmiendo en la habitación de al lado
    Acudió con su novia al piso de una amiga de ella, donde coincidieron con varias personas más y una de ellas tuvo que acostarse por encontrarse mal debido al alcohol. Luego, de madrugada, se levantó de la cama donde dormía con su pareja y tras ir al aseo cambió de habitación y presuntamente abusó sexualmente de la joven inconsciente por la bebida. La Audiencia Provincial de Castellón juzgará a este hombre el próximo miércoles. Ocurrió el 2 de septiembre de 2017 cuando, según relata el fiscal, el acusado, de 37 años, aprovechó la circunstancia de que la joven se recuperaba de los efectos del alcohol para forzarla. El presunto abuso sexual lo cometió horas después de que su víctima estuviera acostada, cuando con su novia también se había ido dormir a otra habitación de la vivienda. Durante la noche, el acusado se levantó para ir al baño y entró en la habitación en la que estaba la víctima, aprovechando que estaba inconsciente. El fiscal pide una pena de ocho años de prisión por un delito de abuso sexual.

  • Juzgan a un guardia civil por abusar de su cargo para acostarse con una víctima de maltrato
    La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este martes a un agente de la Guardia Civil acusado de «abusar de su función» para mantener relaciones sexuales con una prostituta a la que asistió como víctima de violencia de género y a la que, conocedor de sus problemas económicos, le ofreció pagarle el alquiler a cambio de acostarse con él. Tal y como recoge el escrito de acusación fiscal, el acusado ejerció durante los años 2016 y 2017 el cargo de Brigada en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y de comandante en el puesto de la ciudad, una labor en la cual trataba cuestiones relacionadas con la violencia de género. Fue en esta función en la que tomó contacto en junio de 2016 con una víctima a la que realizó una visita hospitalaria tras una agresión. En este contexto, el acusado ofreció a la mujer ayuda, así como un lugar para «preservar su seguridad». Días después, la mujer se personó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar el quebrantamiento de la orden de protección y medida de alejamiento impuesta a su pareja, cuando volvió a tener contacto con el hombre. El agente, dado su cargo, tenía conocimiento de sus datos, dirección y teléfono, así como que tenía problemas económicos y de consumo de drogas y que ejercía la prostitución. En esta situación, llamó por teléfono a la mujer para quedar con ella en una primera ocasión y, luego, reiteradamente para ofrecerse a pagarle el alquiler e invitarla a cenar, algo a lo que ella «accedió ante la insistencia del acusado». «Le tiró unas monedas con gesto despectivo» Conociendo que ejercía la prostitución y pasaba por dificultades económicas, el acusado «doblegó su voluntad» y la «llevó a su domicilio», en el propio cuartel de la Guardia Civil, el 27 de junio, donde «mantuvieron relaciones sexuales». «Al preguntarle ella después por el dinero ofrecido por el alquiler, le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo», recoge el escrito. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario, así como de abuso de su función. Por ello, pide para él una pena de 18 meses de prisión y la inhabilitación absoluta por un periodo de siete años.

  • Hallan el cadáver de una mujer en la playa de Somorrostro, en Barcelona
    Los Mossos d'Esquadra han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Somorrostro, en Barcelona. La policía autonómica ha informado a través de Twitter de que han abierto una investigación para determinar las causas de la muerte. S'ha localitzat aquesta matinada el cos sense vida d'una dona a la platja de Somorrostro de Barcelona. Hem obert investigació per determinar les causes de la mort pic.twitter.com/ERVQOzpKxy? Mossos (@mossos) 17 de febrero de 2019Según fuentes policiales consultadas por Efe, todas las hipótesis están abiertas, de manera que queda por clarificar si la muerte ha sido o no violenta.

  • ¿Y las resis pa cuando?
    Dirigir durante años la patronal de la dependencia me llevó a empatizar con las personas que sufrieron los desmanes del Partido Popular en un sector que, debiendo haber sido referente no sólo por la necesaria excelencia de los servicios que presta a las personas más sensibles e indefensas de nuestra sociedad, sino también por su capacidad de generar empleo estable y riqueza. En lugar de impulsar un sector estratégico como es el de los servicios socio-sanitarios coordinando políticas de sanidad y servicios sociales con políticas de empleo y educativas así como apostar por proyectos como el de la transformación de nuestra tierra en un destino turístico de salud y bienestar promoviendo una regulación moderna, flexible y transparente que cierre el círculo prestando un servicio centrado en la persona que lo recibe, tuvimos que pasar años enfrentados por un sistema corrompido que sigue acumulando listas de espera, impagos, opacidad y carente de una plan de acción que nos ayude a cubrir las necesidades actuales y futuras de las personas en situación de dependencia. Y por eso decidí dar el paso de dedicarme a la gestión de lo público motivada por los inconclusos asuntos de un sector que pide conocer muy bien. Reconozco que fui incapaz de terminar de reconstruirlo desde el ámbito de lo privado. Así fue cómo, al comprobar cómo en los servicios sociales había anidado la corrupción durante la gestión del Partido Popular entré en la política con el fin de aportar mi humilde experiencia --fraguada en la presidencia de la patronal de la Dependencia (AERTE)-- a un proyecto que ha devuelto la dignidad a nuestra sociedad y que ha demostrado que no todos los políticos roban ni todos los empresarios son corruptos. Por causas que no vienen al caso, aquello no pudo ser del todo posible y el destino me llevó a conocer otro ?plan Cotino?. Con el Plan Eólico, el Gobierno valenciano dirigido por el Partido Popular, allá por el año 2000, repartió la Comunidad Valenciana a trozos y licitó, en exclusividad, los parques eólicos que después se desarrollaron, o no, en diversas comarcas. Se adjudicó sin planificación estratégica clara, sin medir correctamente el impacto ambiental pese a imponerlo a las empresas, probablemente la mayoría de ellas desconocedoras del plan urdido y, eso sí, con firmas relacionadas con el ex conseller ?popular? Juan Cotino. El descontrol de Plan Eólico causó un caos entre los operadores que sufrieron los tejemanejes de la familia del ex político de Xirivella. Casi 20 años después, con todos los medios destinados a su puesta en marcha, parece que el ?plan Cotino? de los parques eólicos ve por fin la luz. Aunque el daño en el sector ya está hecho. Ayuntamientos y empresas víctimas de todo aquello, y también de sus consecuencias, no se resarcirán nunca. El ?modelo Cotino? de residencias fue un plan muy parecido. La Comunidad Valenciana se dividió en zonas, con apariencia de estrategia, según un estudio gerontológico de necesidades que aparece en el expediente. El reparto de las áreas, la mayoría a empresas vinculadas a la familia de Cotino, dejó descolocado a todo el colectivo que daba cobertura a la Dependencia, víctima de todo aquello, y que se vio dentro del enredo. Y ahora, 20 años después, parece que se demuestra que no estaban tan locos aquellos que denunciaban que con el Plan Eólico y de las ITV varios espabilados habrían obtenido cuantiosos beneficios de las arcas públicas. Pero me preocupa especialmente que nadie recuerde ni se comente nada de las residencias y del negocio que orbitaba alrededor de ?los Cotino?. Durante años de litigios por mantener una exclusividad, que después el Supremo ratificó que no tenían, y de enfrentamientos innecesarios entre empresas, usuarios, familiares y trabajadores percibo esta extraña sensación de que algo ha quedado inacabado. Todo ello sumado al sinsabor de la reciente convocatoria de elecciones, no por lo que supone la cita electoral, sino por lo que la ha motivado. En este acontecimiento adelantado, la falta de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, más sociales de la historia de la democracia española (del PSOE), ha vuelto a malograr la única vía para mejorar el sector de los servicios sociales. Y la perjudicada vuelve a ser la Dependencia, que nunca terminó de implantarse porque nunca se apostó por ella. Para desgracia de los valencianos y valencianas.

  • Claroscuros del caso «Manada» de Callosa: cómo intentarán exculpar a los acusados sus defensas
    El caso conocido como la «Manada» de Callosa d'en Sarrià o de Alicante puede tener un desenlace menos contundente de culpabilidad y gravedad del que muchos creen, si prosperan las estrategias de los abogados defensores de los cuatro acusados de la presunta agresión sexual múltiple en Nochevieja. La principal prueba sigue siendo el vídeo que grabó uno de ellos, si bien dos de los letrados del caso, José Luis Sánchez Calvo y Aitor Prieto, coinciden por separado en su opinión de que no resulta para nada inculpatorio. «El contenido puede llevar a interpretaciones», subraya el primero, quien además asegura que no prueba en ningún caso la participación de su representado, el más joven de los investigados, que está en prisión provisional en Villena. Más contundente se muestra Prieto, para quien «desde un punto de vista objetivo, no como abogado, como persona, en el vídeo no se ve forzar ni sujetar con las manos a nadie...» además de que las imágenes muestran a todos de cintura para abajo. Dudas con la ropa Aunque en el transcurso de la investigación, se habló de que a algunos de los jóvenes se les puede identificar por tatuajes y a todos por su ropa, la abogada del considerado líder del grupo, Miriam Santamaría, cuestiona la forma en que se ha utilizado esta posible prueba de las prendas que llevaban. Asimismo, niega que se pillara a nadie «in fraganti» tal como se ha difundido, ya que no consta así en los informes de la Guardia Civil incorporados al caso. Más bien, el relato alude a que otros testigos supuestamente presenciaron los abusos, pero luego no se han ratificado en esa denuncia. Ciertamente, la madre y la hermana de uno de los investigados dieron la voz de alarma a la Policía Local, si bien se han acogido a su derecho a no declarar para no inculparle o agravar su siuación judicial, y una vez que ninguna de las partes les va a acusar de omisión de socorro a la víctima, ya que fueron quienes avisaron a las fuerzas del orden. Aunque toda la investigación está bajo secreto de sumario decretado por la jueza del caso, en el juzgado de primera instancia e instrucción número de 4 de Villajoyosa, y obviamente se va a preservar la privacidad de la joven denunciante, las supuestas «contradicciones» en las diligencias que aprecian los abogados defensores de los cuatro encarcelados parecen presagiar una estrategia orientada a mostrar aquella noche como una fiesta con sexo mal entendido que degeneró y poner en duda la supuesta violación.

  • Yates, pisos y coches, el resultado del blanqueo urdido por Eduardo Zaplana
    El destino del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovió Eduardo Zaplana es uno de los grandes interrogantes del conocido como caso Erial. El resumen de la mecánica que se investiga es que se habrían creado sociedades mercantiles para optar de forma fraudulenta a la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). A través de esos contratos se cobrarían comisiones y los fondos se desviarían a sociedades en Luxemburgo. Para pagar estas mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero desviado se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas. Lo cual, al parecer, se consiguió en parte. La Guardia Civil apunta a negocios inmobiliarios y a adquisición de bienes por parte de Zaplana con fondos de esa procedencia supuestamente ilícita. Entre la «ingeniería financiera», destacan las empresas que habrían facilitado la vuelta de 2,9 millones de euros a España: Costera del Glorio, Medlevante, Geodesarrrollos Integrales y Turnis Sylvatica. Costera del Glorio cuenta con fondos vinculados a Imison Internacional, la cual pasó a estar controlada por los Cotino y se habría utilizado con el objeto de materializar el cobro de 6,4 millones de euros en comisiones ilícitas procedentes de Sedesa (otra empresa de esta misma familia). Por otra parte, Costera del Glorio también es receptora de dinero de Medlevante, en la que figuraba como administrador Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana. Hacia Medlevante figuran transferencias por 2,9 millones de euros provenientes de Imison. Los movimientos de Geodesarrollos Integrales (también administrada por Barceló) y de Medlevante (que controlaba a su vez Gesdesarrollos) se habrían utilizado en una parte importante, según los investigadores, para la compra de bienes inmuebles. Entre las operaciones en las que habría participado Zaplana con ayuda de sus presunto testaferros se cita la compra de unas parcelas en primera línea de playa en la localidad alicantina de Villajoyosa, al parecer reservadas para la construcción de viviendas y hoteles. Una operación, por tanto, para la que se usaron los fondos investigados vinculados a Imison y cuya titularidad se trató de esconder, según la Guardia Civil. En las llamadas telefónicas se menciona la cantidad de 2,4 millones de euros. Igualmente, en 2006 existen abonos en cuentas -en las que aparece como titular Joaquín Barceló- relacionados con la adquisición de yates: uno que habría titulado el propio Barceló y otro de Zaplana. Otra de las compras del exministro que remarca la UCO es la de un coche. En 2007, figura la matriculación de un Audi A-8 que se produjo ocho días después de que Barceló realizara una transferencia a un concesionario. Una vivienda en Madrid Especialmente relevante para los investigadores resulta la venta en marzo de 2018 de un inmueble situado en la calle Núñez de Balboa, en el centro de Madrid, adquirido en 2010 por 1,5 millones de euros por parte de Costera del Glorio. El 1 de marzo de 2018 se efectúa la operación. La escritura de la venta del inmueble se formaliza ante notario por 1,23 millones de euros. El plan expresado por el exministro, según la Guardia Civil, era que el comprador entregaría 60.000 euros que no figurarían en la escritura. La factura que haría Zaplana a Barceló (se entiende que por honorarios por la intermediación en la operación) sería de 40.000 euros más IVA. Como el comprador era un familiar, le haría también un descuento de 5.000 euros. El destino de ese dinero obtenido por la venta del piso también interesa a los investigadores, los cuales refieren que Barceló y su mujer hablan de la operación como «el inicio de una nueva etapa». Posteriormente, existen posibles inversiones ya que en las conversaciones mencionan la compra de un solar. Se trataría, en definitiva, de «una posible reinversión de los fondos de la venta mediante la compra de otros o mediante la realización de operativas fraudulentas (como facturación ficticia) que permitan su canalización hasta el verdadero titular de la vivienda», en referencia a Zaplana, quien se habría beneficiado directamente. [«Tías», «arriba» y «al otro lado»: así era el lenguaje en clave que usaba la red de Eduardo Zaplana]

  • España se une al eurocaza FCAS sin definir su participación industrial
    España se unió el pasado jueves al proyecto del «Futuro Sistema Aéreo de Combate» (FCAS, en sus siglas en inglés) tras la firma de una carta de intenciones en la que participó la ministra Margarita Robles junto a sus homólogas francesa y alemana, Florence Parly y Ursula von der Leyen. Se trata de un novedoso concepto aeronáutico por el cual Alemania, Francia y España -con las empresas Airbus y Dassault Aviation como impulsoras- quieren alumbrar un futuro caza de combate que sustituya a la flota de cazas Eurofighter españoles y alemanes y Rafale franceses a partir de 2040. Sin embargo, no pretende ser un avión de combate a secas. En las instalaciones de Airbus en Ottobrunn (cerca de Munich), ABC es invitado a una conferencia en la cual, por primera vez, se revelan algunas claves del programa que aún se encuentra en una fase primigenia. En la próxima exhibición aeronáutica de París, en junio, se darán a conocer más detalles, así como el peso de la participación de España en el proyecto. Por ahora, Francia y Alemania se reservan toda la carga de trabajo del proyecto, aunque España demandará su cuota. Nuevas tecnologías civiles Bruno Fichefeux, responsable del FCAS, explica que este proyecto «nace de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías civiles como la inteligencia artificial, el big data, la fusión de sensores, el enjambre de drones, la aviación no tripulada o el almacenamiento en la nube a la aviación militar». Todo ello para hacer frente a un mundo cambiante que en el periodo 2040-2060, fechas en las que se prevén las entregas de estos nuevos aviones, puede sufrir un cambio geopolítico con China como actor preponderante, nuevas amenazas como las procedentes desde el espacio o el dominio «cyber» como campo de batalla fundamental. Como vemos, todo es futurista. Pero tanto Airbus como Dassault Aviation trabajan ya con un calendario claro: finalizar en 2021 la fase de «estudio de concepto» centrada en los requerimientos generales de los países participantes y características principales (si será bimotor, con tecnología «stealh», etc); a partir de ese año se iniciaría la fase de «definición, diseño y desarrollo» que en paralelo irá acompañada hasta 2030 con la concepción de los demostradores; el objetivo es comenzar la producción a principios de la década de 2030 para comenzar las entregas en el citado 2040 hasta 2060. Sí, da vértigo incluso informar de algo tan lejano pero los proyectos aeronáuticos militares suelen tener estos plazos. Más allá de la planificación industrial, el FCAS se concibe como uno de los proyectos estrella de la industria de defensa de la UE para hacer frente al poderío estadounidense, con Lockheed Martin y Boeing, que han venido liderando hasta el momento la aviación militar. Además, el FCAS tendrá otro rival, el caza Tempest británico, presentado el pasado año por la compañía BAE Systems en un intento de no quedar en fuera de juego en esta carrera tras el Brexit. Igualdad de condiciones Desde el Ministerio de Defensa se tiene la convicción de que «España se incorpora en igualdad de condiciones al proyecto», según aseguró la ministra Robles en la firma que tuvo lugar en los márgenes de la cumbre de ministros de la OTAN. ¿Significa esa «igualdad de condiciones» una entrada al 33,3% en el proyecto? Aún está por desvelar esa incógnita. Por su parte, desde la compañía Airbus (4,16% participada por la Sepi), se subraya que «este proyecto ayudará a mantener y fortalecer la capacidad industrial de España y beneficiará de manera más amplia a la cadena de suministro, respaldando el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías a lo largo de las siguientes décadas». «Gracias a los esfuerzos conjuntos de Francia y Alemania en lanzar el programa, España tiene ahora la oportunidad de asumir una participación primordial en un proyecto que mantendrá e impulsará las capacidades y soberanía de Europa en materia industrial y de seguridad», se subraya desde la compañía aeronáutica responsable de otros programas de aviación militar como el avión de transporte A400M o el caza Eurofighter, que cuentan con fábricas en Sevilla o Getafe (Madrid). Pilotar drones desde el avión «La hiperconectividad será una de las claves del Futuro Sistema Aéreo de Combate. No pensamos en un caza como los concebidos hasta ahora sino un sistema inteligente de sistemas capaz de pilotar drones, cooperar con otras plataformas como el A400M u otros aviones de combate, con capacidad para procesar datos vía satélite...», asegura el responsable del FCAS, Bruno Fichefeux, quien compara su pilotaje con un puesto de mando y control más que una cabina de avión. En su presentación en las instalaciones de Airbus, Fichefeux ya muestra la bandera de España, junto a la alemana y francesa.

  • El fiscal jefe del Campo de Gibraltar: «Sin medios vamos camino del desastre»
    «Vamos camino del desastre», sentencia el fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, que lleva casi dos décadas luchando contra los narcos. «Hay muchos más policías y guardias civiles, se han producido miles de incautaciones de droga, decenas de detenidos y todos los clanes importantes están desmantelados, pero precisamente por eso se ha formado un cuello de botella. Necesitamos muchos más órganos judiciales». Cisneros desgrana la situación del Campo de Gibraltar desde el punto de vista jurídico, los grandes anuncios y las promesas aún sin materializarse. Cuando se diseñó el plan especial para esta zona, tomada por el crimen organizado, junto a las medidas policiales se anunciaron una serie de decisiones judiciales concretas: una plaza más en la Audiencia, es decir, un magistrado, tres nuevos juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en Algeciras, La Línea y San Roque, y un juzgado de lo Penal. Estas sedes judiciales han sido aprobadas, se han publicado en el BOE pero no se les ha puesto fecha para que empiecen a funcionar. Mientras los detenidos se duplican y triplican, los juzgados que tienen que decidir sobre su situación son los mismos y exactamente igual ocurre con los fiscales. El Consejo de Ministros anunció la creación de doce plazas de fiscales especializados en narcotráfico y corrupción, que llevaría aparejadas plazas de funcionarios de apoyo y servicios de guardia. La Fiscalía concretó que de las ochenta nuevas plazas para toda España, los primeros serían destinados al Campo de Gibraltar. «Todo humo hasta ahora», insiste Cisneros en conversación telefónica con ABC. Y continúa con su pronóstico: «Va a haber serios problemas. Los órganos judiciales se van a atascar y eso repercutirá en los resultados». El fiscal jefe de Algeciras explica que individuos que están en prisión provisional quedarán en libertad, si se cumplen los plazos sin que se puedan celebrar los juicios, y habrá que aplicar atenuantes, si se producen dilaciones indebidas. «La solución es reforzar todo a la vez. No tiene sentido que solo se haga en la parte policial». El Campo de Gibraltar tiene una peculiaridad desde el punto de vista judicial (también policial) y es que en la práctica funciona como una provincia. Salvo juzgados de lo Mercantil cuenta con órganos propios para todo lo demás y para ese volumen de asuntos cuenta con un total de 18 fiscales. Un fiscal Antidroga Hasta este verano había un fiscal Antidroga específico, desbordado de trabajo. Se le dotó con uno más de apoyo y desde octubre Cisneros ha asignado un tercer representante del Ministerio Público «casi en exclusiva». El comisario jefe de Algeciras, Francisco López Gordo, suscribe la radiografía de Cisneros. «Nos encontramos con problemas judiciales, habría que potenciar la capacidad de los juzgados porque están colapsados. En esta zona muchos son mixtos, llevan civil y penal, y se producen dilaciones. Habría que quebrar más juzgados y desdoblar algunos de ellos. No se puede olvidar que esto no acaba hasta que no hay una condena». La situación, incluso, ha obligado a variar la estrategia de la Policía: «Preferimos no hacer macrooperaciones para no colapsar aún más los juzgados, sino ir al núcleo de las redes», explica López Gordo.

  • La delincuencia más dura asociada a las bandas de narcos huye del Campo de Gibraltar
    El Campo de Gibraltar es una zona «olvidada y denostada por los responsables políticos» de la que «se han adueñado las mafias del narcotráfico junto a todos sus súbditos y acólitos económicos». Son palabras de la juez de Algeciras Belén Barranco, en el auto por el que envió a prisión a ocho individuos que agredieron a nueve guardias civiles el 12 de mayo. La magistrada comparaba el sur de España con el Nápoles de la «Cosa Nostra». La Policía Nacional hacía entonces un diagnóstico similar, al alertar, en un documento al que ha tenido acceso ABC, de que «elementos como la impunidad y las agresiones a la autoridad» podían dar paso a una «incipiente aparición de un estado de poder del narco paralelo». El teniente coronel de la Guardia Civil Ramón Clemente coincide en el análisis: «Había que restablecer el principio de autoridad en la zona, acabar con esa sensación de que los narcos podían campar a sus anchas». El 5 de julio el ministro del Interior se reunía en la zona con responsables de Policía y Guardia Civil y regresó «muy preocupado». Tanto que el 24 de ese mismo mes se aprobaba el «plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar», con medidas policiales operativas, de seguridad, de inteligencia y con participación ciudadana, que han supuesto un revulsivo y un cambio que ya se aprecia. «El Estado ha vuelto», resume Grande Marlaska. La primera evaluación de dicho plan, a la que ha tenido acceso ABC, refleja por un lado un notable aumento de detenidos y del volumen de aprehensiones (sobre todo tabaco y hachís). Entre agosto y diciembre pasado la Guardia Civil confiscó 40.915 kilos de hachís y otros 28.141 la Policía. En cuanto a detenidos, hubo 1.975, en este caso más por parte de este último Cuerpo, que hizo 1.290, por 685 del Instituto Armado. Pero no solo eso; el refuerzo policial y las investigaciones patrimoniales a los grupos criminales ha tenido otras consecuencias de gran calado. Presión policial Interior reconoce que no puede hablarse de un desplazamiento de la criminalidad organizada a otras zonas, pero sí de una «derivación de conductas vinculadas con los narcos hacia otros territorios como la provincia de Málaga». La presión a los clanes de la droga ha supuesto un repunte de delitos violentos que tienen su origen en los grupos que actúan en el Campo de Gibraltar. «Los ajustes de cuentas se han desplazado a la Costa del Sol; es allí donde los grandes capos se asientan porque pueden disfrutar de una vida de lujo que en el Campo de Gibraltar no existe», afirma a ABC Francisco López Gordo, comisario jefe de Algeciras, que añade: «También hay más vuelcos (robos de droga entre bandas) porque hemos atacado las organizaciones más fuertes y las que les sustituyen no tienen la misma autoridad en ese mundo, y porque se han visto obligados a trasladar su infraestructura a otros puntos en los que no cuentan con el mismo apoyo social que en el Campo de Gibraltar». Los secuestros se perpetran en otros lugares por motivos similares. «El incidente del hospital -una veintena de individuos se llevaron en volandas a un narco que estaba detenido- fue un punto de inflexión. Había que hacer algo». «Tras estudiar la situación -relata el teniente coronel Clemente- consideramos que aunque el foco del problema estaba en el Campo de Gibraltar, sin duda se extendería a otros territorios cuando las organizaciones de traficantes se sintieran presionadas. Por eso decidimos involucrar, además de a la Comandancia de Algeciras, a la de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva. No nos equivocamos, porque ya vemos cómo estos grupos han desplazado sus actividades a esas provincias». «La clave -añade Clemente- es que nuestras estructuras son flexibles, de modo que si los narcos cambian de procedimientos nos amoldamos». Tanto la Guardia Civil como la Policía ya habían empezado a tomar decisiones operativas antes de la puesta en marcha oficial del plan. «A finales de marzo -precisa el comisario de Algeciras- activamos el Plan Meridional, que supuso la llegada de grupos de las UPR de otras zonas de España que estaban de servicio aquí entre 15 y 20 días. En ese tiempo ni podían establecer vínculos en la zona ni tampoco la gente del narco tenía capacidad para ficharlos. Con eso avanzamos mucho a la hora de recuperar cierta normalidad». Resultados Solo el año pasado entre La Línea y Algeciras, la Policía intervino unos cien mil kilos de hachís. «En la zona actuaban diez o doce clanes y los principales los hemos descabezado, como el de Los Castaña o el de Emilio el Moro. Queda alguno menos importante y hay otros que quieren ocupar su lugar», explica el comisario. «Les ha obligado a abrir otras vías, montar infraestructuras en otras zonas, pero eso les hace más vulnerables porque allí carecen de apoyo social», continúa. El plan especial recibió el espaldarazo definitivo cuando lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre y lo transformó en un plan integral. Se articuló en torno a cuatro objetivos para combatir lo que la juez Barranco describió como «ciudad sin ley» o el imperio de «la ley del más fuerte». Devolver la seguridad pública a los municipios de la zona; reforzar las capacidades operativas y de inteligencia; aumentar la coordinación con el Ministerio Fiscal y los tribunales y dotar a los agentes de los medios materiales y tecnológicos necesarios para frenar la amenaza del narco fueron los ejes de la estrategia. Para cumplirla se dispuso de dinero: 7,5 millones para 2018 y 21 millones para este año. «El narcotráfico no es nuevo en el Campo de Gibraltar, pero cuando se decidió poner en marcha el plan especial los traficantes no respetaban el principio de autoridad, las agresiones a guardias civiles y policías se sucedían sin consecuencias y hasta se permitían el lujo de arrebatar a las Fuerzas de Seguridad a alguno de sus compañeros cuando eran detenidos... Se estaba dando una imagen de impunidad, se grababa a los narcos alijando en las playas. Había que cortarlo, revertir la situación para que no se fuera de las manos», explica el teniente coronel Clemente. El cuerpo a cuerpo de las unidades policiales uniformadas contra los traficantes se ha traducido en operaciones constantes, pero lo fundamental, lo que logrará descabezar a las organizaciones criminales es cortales sus vías de financiación. Esa es la segunda gran pata del plan: las investigaciones patrimoniales. La Policía ha destinado a sus especialistas de los servicios centrales para apoyar a la Policía Judicial de Cádiz, mientras que la Guardia Civil ha creado el Centro de Concentración contra el narcotráfico y un Órgano de Coordinación de operaciones contra el narcotráfico, reforzados con personal de Policía Judicial e Información. Blanqueo «El plan -diseñado en agosto por la Guardia Civil- estaba plenamente operativo en septiembre y desde entonces hasta el 31 de diciembre confiscamos 80 toneladas de hachís. En cuanto a detenidos, en ese periodo hubo 461, y desde enero hasta ahora 138 más», detalla el teniente coronel. «Hay que arrancar la raíz y para eso son las investigaciones económicas y patrimoniales. Hemos creado un grupo específico de blanqueo, que ya empieza a dar resultados. Hasta diciembre se intervinieron a narcotraficantes bienes valorados en 12 millones». «Además de intervenir la droga había que atacar su logística, desmantelar guarderías, zulos hidráulicos, quitarles radares y drones, confiscarles las embarcaciones y cortarles el suministro de combustible», añade el comisario. El control del puerto de Algeciras también se considera clave y, por supuesto, la colaboración con la sociedad civil, la que sufre al narco en sus carnes. Narcolancha intervenida por la Guardia Civil en Algeciras - EFE Aumentan las denuncias de los sujetos obligados por sospechas de blanqueo Una consecuencia del plan especial para el Campo de Gibraltar ha sido el aumento de las comunicaciones (denuncias) sobre posible blanqueo de capitales por parte de los sujetos obligados. Se ha apreciado una mayor «sensibilización», sobre todo en el tercer trimestre de 2018 a raíz de las noticias relacionadas con el deterioro de la seguridad y el refuerzo policial y judicial. Según el análisis del Sepblac, el principal indicio de sospecha es el uso intensivo de dinero en efectivo, vinculado a los patrones económicos de los grupos de narcos de la zona. En las comunicaciones de operaciones sospechosas aparecen transacciones inmobiliarias, transacciones financieras de empresas náuticas y operaciones de efectivo sin justificación (muleros bancarios).

  • El día que Forn admitió el fraude
    «Junqueras, como siempre, ha elegido el papel más cómodo. Mientras nosotros le hacemos el trabajo sucio de practicar la prueba, él se las da de mártir, de preso político y de mitinero», señalan fuentes de la defensa del exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Corroborando esta idea, al final de las declaraciones de ambos políticos, Junqueras se acercó al letrado de Forn, Javier Melero, para decirle: «Lo has hecho muy bien. Todo suma». Mientras el líder de Esquerra se declaraba un preso político, Quim Forn desmontaba el referendo del 1 de octubre asegurando que fue ilegal y que no tuvo ninguna validez, y desmentía la presunta república catalana asegurando que la declaración de independencia ni se votó en el Parlament ni se publicó en el DOG (el BOE de la Generalitat). «Para acabar reconociendo que todo fue una mentira», dice Jordi Graupera, que competirá con Forn para la alcaldía de Barcelona, «podían haberse ahorrado la aplicación del artículo 155 y la prisión». Los convergentes aprecian en Junqueras la misma actitud que en los días previos a la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Mientras Puigdemont buscaba una salida consensuada con Esquerra para convocar elecciones autonómicas y evitar males mayores, los republicanos se ponían de perfil esperando que el expresidente efectivamente las convocara, pero pudiendo decir que ellos no quisieron ceder y presentarse ante los catalanes como los únicos independentistas auténticos, acusando a Convergència de haberse rendido. Por todo ello, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, dijo en aquellos días aciagos que «Junqueras se ha comportado como un cochero». El abogado de Esquerra, Andreu Van den Eynde, uno de los penalistas con menos prestigio de Cataluña, le ha aconsejado a Junqueras que manche con mítines y acusaciones el juicio en el Supremo para ganar la causa en Europa. La mayoría de los demás letrados juzgan suicida esta estrategia, porque «quien no se defiende da por buenas las acusaciones o como mínimo no demuestra su inocencia y por lo tanto se expone a la más severa condena», según considera uno de ellos. Otro de los letrados afirma que «en la medida en que los acusados que sí quieran defenderse van a ir dejando en evidencia que la declaración de independencia fue una pantomima para engañar al público más independentista, a la supuesta heroicidad de Junqueras se le acabarán viendo el oportunismo y las costuras». En Esquerra afrontan las elecciones generales con el tándem consolidado de Joan Tardà y Grabriel Rufián. Ante el desplome de Podemos, confían en ganarlas por primera vez en su historia. Convergència no tiene aún candidato y asume que no tendrá un buen resultado, pero entiende que las elecciones en las que todo se lo juega son las autonómicas, para las que todavía no hay fecha. «Y entonces, del modo que menos se lo esperen, volveremos a ganar a Esquerra. Como siempre». Para certificar tal presagio, el presidente de una empresa de encuestas sugiere jocosamente que «los sondeos en Cataluña tendrían que incluir el algoritmo de la embarrada final Esquerra, porque siempre llega y siempre pierden». En este sentido, uno de los compañeros de banquillo del líder republicano, que asistió atónito a su declaración, sostiene que «Junqueras cree que pasará seis años en prisión y que habrá como con Mandela una gran masa de catalanes suspirando por su retorno, lo que demuestra que no conoce a los catalanes». Mucho menos fantasioso, y sin renunciar a sus ideas, pero asistido por un penalista, Melero, que es la otra cara de la moneda de Andreu Van den Eynde en absolutamente todo, y especialmente en cuanto a prestigio profesional se refiere, Quim Forn respondió a las preguntas de la acusación y pudo defender su inocencia, aunque con su sinceridad dejara al descubierto el monumental fraude el «procés». De fondo -y al fondo- se celebró ayer en Barcelona la enésima manifestación en favor de los presos independentistas, muy parecida a las que los primeros sábados de cada mes organizaba el submundo abertzale en el País Vasco. La batasunización de Cataluña-versión light- conduce al catalanismo al colapso en tanto que prefiere alimentarse de cualquier victimismo, como el de exclamar ahora «¡que viene la derecha!», en lugar de aprovechar las oportunidades, como la que le brindó el PSOE de aprobar conjuntamente los presupuestos del Gobierno y la Generalitat. El independentismo agoniza entre los que para demostrar su inocencia reconocerán el fraude del «procés» y los que para ganar las elecciones intentarán alargar el engaño. Y los sábados por la tarde, fiesta en las calles.

  • Ortega Smith: «España se tendría que haber ido de la UE tras la euroorden»
    Hace apenas tres semanas se le fotografió con Teodoro García Egea (PP) firmando el reparto de la Mesa del Parlamento de Andalucía y estos días lo vemos enfundado en su toga en el juicio del «procés», donde ejerce la acusación popular de Vox, el partido del que es secretario general. Javier Ortega Smith, número dos de Santiago Abascal, se siente con fuerza para afrontar esta histórica vista en la que no se plantea otro escenario que no sea el de una condena por rebelión. -¿La personación de Vox en esta causa ha sido un trampolín para el partido? -En realidad ha sido una consecuencia. El objetivo era la persecución de los golpistas, que se llevara a cabo la investigación de unos hechos que entendíamos muy graves. Nuestra labor fue hacer lo que otros no hacían. -¿El Gobierno tendría que haber sido más contundente en Cataluña? -Cuando dimos la voz de alarma en enero de 2017 lo hicimos porque no actuaba la Fiscalía, la Abogacía del Estado ni ningún otro partido. Estábamos solos. No fue hasta octubre cuando la Fiscalía presentó sus querellas. Las nuestras llevaban dos meses ya en el Supremo y antes en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde denunciamos que se estaba creando una administración paralela y preparando un golpe de Estado... -¿Se minusvaloraron los pasos que iban dando los independentistas? -Yo creo que había una connivencia con los golpistas. El Gobierno de Rajoy sabía lo que estaba pasando. Artur Mas en sede judicial lo reconoció: había una comisión con un representante del PSOE, uno del PP y otro de la Generalidad, y los tres sabían lo que estaba pasando. Aquí entraríamos ya en un debate político. ¿No se atrevieron a actuar? ¿Era parte de las cesiones que durante 40 años se han hecho a los golpistas? No sé si se estaban pagando precios de apoyos pasados, si era simple cobardía o si era complicidad. Quizá un poco de todo. - ¿Qué puede aportar que Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro declaren como testigos en el juicio? -Rajoy tuvo conocimiento del golpe de Estado que se estaba preparando. Había más que sobradas razones para que ejerciera una potestad que solo él podía ejercer, que era la aplicación del 155 de la Constitución. Sólo él podía apretar ese botón. - Sin embargo, no es a Rajoy ni a su equipo a quien se está juzgando. Puede dar la impresión de que intentan sacar un rédito político de cara a las elecciones de mayo. -Nosotros queremos que nos cuenten los datos que tenían. Soraya Sáenz de Santamaría hizo una cosa extrañísima en la «operación diálogo»: los independentistas anunciaron un golpe de Estado y aun así se reunió con ellos para ver cómo lo iban a dar. De la información que puedan aportar podremos deducir si esto se podría haber evitado. Y usted me dirá: y si es así, ¿se va a querellar contra ellos? Igual más adelante. -Pero esa hipotética connivencia de la que usted habla, que el Gobierno hubiera mirado para otro lado, es un argumento que sirve a las defensas, no a la acusación... -No, porque el que el Gobierno no lo hiciera bien no significa que los otros no lo hayan hecho mal. -¿Cree que la postura del nuevo PP ante unos hechos similares en Cataluña sería otra ahora mismo? -Yo creo que sí, sinceramente. Me sorprendió que Pablo Casado dijera que ya hay que aplicar un 155 duro. Quiero pensar que no es oportunismo porque ahora están en la oposición y no tienen que aplicarlo ellos, pero al menos dice lo que otros no decían. -El relato de la Fiscalía y Vox sobre lo sucedido en Cataluña es muy distinto al de la Abogacía del Estado. Ustedes acusan por rebelión; la Abogacía sólo ve «incidentes callejeros»... -La Abogacía del Estado había mantenido a lo largo de la instrucción una línea de absoluta coherencia, similar a la de acusación popular y pública respecto a la rebelión. Sin embargo, con el cambio de gobierno purgaron al jefe de los servicios penales de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, y se cambió la línea de la acusación. Desde luego la Abogacía va a tener un papel complicado, ya no tiene ninguna credibilidad. De lo que no tengo ninguna duda es de que entre la Fiscalía y Vox va a quedar perfectamente acreditado lo que es un clarísimo delito de rebelión. En este juicio lo que se va a demostrar es que el objetivo final y prioritario era vulnerar la Constitución, desobedecer las sentencias del TC, subvertir el ordenamiento constitucional y, en definitiva, doblegar la voluntad del Estado de Derecho. Y eso entra dentro de la esencia de los delitos contra la Constitución y no contra el orden público. -¿Qué pasaría si la Fiscalía cambia de criterio y al finalizar el juicio, en sus conclusiones definitivas, tampoco viera rebelión? -Cuando lo que ha habido por medio ha sido un cambio de gobierno sonaría a instrucción política y eso sería un golpe de muerte contra cualquier principio de independencia de la Fiscalía, que aunque tiene una dependencia jerárquica, está sujeta a la legalidad. No se puede cambiar una posición jurídica por criterios políticos. Si nos encontráramos ante ese escenario sería un escándalo internacional mayúsculo. Vox va a mantener la calificación de rebelión, lo que permitiría al tribunal condenar por ese delito. -¿Por qué la Fiscalía pide 25 años para Junqueras y ustedes 74? -Porque para nosotros aquí hay una organización criminal en la que cada uno tenía su papel. Hay un reparto de funciones con una hoja de ruta que es la que se sigue. Todos la siguieron aunque algunos se quedaron vendidos cuando vieron cómo otros se fugaban. -¿En qué momentos del «procés» hubo violencia? -El 20 de septiembre y el 1 de octubre desde luego, pero la fuerza intimidatoria de 18.000 agentes desobedeciendo al Estado también es violencia. Si sustraes el poder de la fuerza legítima del Estado y lo pones al servicio de una organización con un objetivo ilegítimo estás violentando al Estado. -¿La respuesta internacional a España supone la muerte de la euroorden? -Es un golpe de gracia a la propia euroorden. El acuerdo marco se basa en la confianza entre los Estados miembros. Si España tuviera un gobierno decente teníamos que haber salido de ahí. -¿Ve factible un indulto en caso de condena? -Cuando eso ocurra Pedro Sánchez ya estará muy de salida. No se atrevería desde un punto de vista político porque con el tribunal y la Fiscalía en contra, tendría un coste brutal.

  • Forn transforma el «procés» en una obra de teatro sin validez
    Una obra de teatro, retransmitida por televisión en hora punta, sin ninguna validez ni eficacia real (ahora). Una farsa o tragicomedia que culminó una crisis política de gran envergadura, que entonces pareció real, muy real. Lejos de aquellos días del otoño caliente de 2017 ?y ante siete magistrados del Tribunal Supremo? Joaquim Forn ha transformado los actos más decisivos del plan secesionista ilegal en papel mojado, en fuegos artificiales. En su declaración como acusado en el juicio oral al «procés», el antiguo consejero catalán de Interior restó toda validez a la declaración unilateral de independencia (DUI) y tachó de «ilegal» el referéndum del 1 de octubre. «Era una declaración política... No se publicó ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament. No se comunicó a nadie. No se llamó ni al Gobierno ni a ninguna cancillería. No generó ningún acto administrativo», explicó Forn a preguntas de su abogado Javier Melero. El letrado condujo el interrogatorio con agilidad hacia ese terreno, buscando que el acusado convirtiera en una fantasía aquellos eventos que amenazaron el orden constitucional español. Todo para esto, debieron pensar los seguidores más acérrimos. Forn se expresó con tranquilidad al responder a su defensa, después de «sufrir» en el interrogatorio del fiscal, que le obligó a desdoblarse entre el Forn activista político y el Forn «exconseller». Forn describió en el juicio los incumplimientos de los líderes del «procés» respecto a las propias leyes de la ruptura, la arquitectura legislativa que crearon para fingir que todo era legal. «La independencia se tenía que declarar dos días después del referéndum y no se hizo», manifestó el acusado, que citó la supresión de la sindicatura electoral como una de las razones. Este organismo, una especie de junta electoral catalana, fue suspendido y desactivado por el Tribunal Constitucional. En su esfuerzo por infravalorar todo lo que sucedió, añadió que nadie pidió que se actuara según las leyes de desconexión y que la declaración unilateral formaba parte del preámbulo de la resolución, que no se votó. Según su relato, el Govern de Carles Puigdemont «apuró hasta el último momento» antes de aprobar la DUI, y que el escenario alternativo era la convocatoria de elecciones autonómicas. Este acto precipitó la querella por rebelión de la Fiscalía, que había avisado. «¿En el Hemiciclo se hizo mención a algo que hiciera pensar a cualquier en el nacimiento de un nuevo Estado?», le cuestionó su abogado, por el momento justo posterior a la declaración unilateral de independencia. «No, lo que hubo fueron discursos políticos en la escalera del Parlament, con alcaldes de toda Cataluña», respondió Forn antes de toser levemente.

  • La posverdad de Oriol Junqueras
    Treinta y cinco segundos tardó Oriol Junqueras en lanzar su mensaje central. Un alegato político sin esfuerzo por combatir a las acusaciones. Ni siquiera trató de sembrar confusión o difuminar su participación en los hechos que le atribuyen. Un discurso cantarín, acompañado de gestos con las manos y algún sorbo a un vaso de agua. El líder de ERC renunció a defenderse jurídicamente para ser un mártir de la causa independentista. Ignoró todas las ilegalidades de los líderes del «procés», manipuló conceptos políticos, se atrevió a decirles a los jueces qué es delito y qué no lo es, y envolvió sus palabras con referencias culturales y religiosas, con alusiones al poeta italiano Dante Aligheri o al presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Fue la primera declaración de la vista en la que la Sala Penal del Tribunal Supremo enjuicia el plan secesionista ilegal. Esta es la posverdad ?la distorsión de la realidad? de Junqueras. «Se me persigue por mis ideas y no por mis hechos, estoy en un juicio político. Soy un representante electo y me debo a mis votantes, no contestaré a las acusaciones. Me considero un preso político» Un argumento repetido por el entorno del independentismo, que busca deslegitimar a la Justicia y equiparar a España con un régimen autoritario que persigue por sus ideas a los disidentes políticos. El motivo no se sostiene. España se configura como un Estado social y democrático de Derecho, en el que rige el principio de legalidad, según el cual los poderes públicos están sometidos a las leyes. En los muros del Derecho Penal, en los que se encuadra el juicio al «procés», esto significa que no se puede castigar niguna acción si no está prevista en la legislación. Así sucede en este caso, en el que se han acumulado indicios sólidos de que los acusados cometieron los delitos de rebelión, sedición y malversación, todos previstos en el Código Penal. La sentencia resolverá si se cometieron. En sus resoluciones, el Tribunal Supremo ya ha rebatido esta tesis. «No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes sostiene ahora al mismo gobierno autonómico», argumentó el Alto Tribunal en una resolución en la que rechazó la comparación con el líder kurdo Demirtas, encarcelado por Turquía. En la segunda sesión del juicio, la Fiscalía atacó esta posición. «Nadie es perseguido aquí por sus ideas, sino por sus acciones», entonó el fiscal Javier Zaragoza, que remarcó que los políticos deben cumplir el Código Penal como cualquier otro ciudadano. El otro representante del Ministerio Público, Fidel Cadena, recordó que la Constitución española no es militante ?permite las ideologías que pretenden derogarla?, pero siempre que sea a través de los cauces legales. Lo que está en juego en este proceso es el respeto a las reglas. «Interpretamos el derecho a la autodeterminación como la aplicación del principio democrático recogido en los tratados internacionales; cuando hay una reivindicación ciudadana pacífica, se debe dar una salida política» Junqueras invocó un supuesto derecho de autodeterminación que el Derecho Internacional no contempla para la situación de Cataluña. La doctrina de Naciones Unidas y las normas de Derecho Internacional reconocen este derecho a los pueblos de los territorios coloniales o a aquellos sometidos a la dominación o explotación extranjeras, dos circunstancias que no se dan en este caso. Ninguna norma internacional consagra el derecho de una entidad subestatal a separarse, una circunstancia que queda supeditada a los mecanismos del ordenamiento interno de cada país. El acusado se puso el traje de jurista y citó el artículo 10.2 de la Constitución, que obliga a España a interpretar sus leyes según los tratados internacionales suscritos en materia de derechos fundamentales. Esa regla no significa la asunción de un derecho de autodeterminación acotada a los escenarios coloniales, que no es además ningún derecho fundamental ni humano. En la sentencia del 9-N, el Supremo explicó que los derechos de participación política ?que podrían aglutinar esas supuestas reivindicaciones ciudadanas? se ejercen siempre «según las leyes». «Votar no es un delito; impedirlo por la fuerza, sí» Nadie acusa a los líderes del «procés» de votar. La Fiscalía considera que Junqueras y los demás miembros del Govern alentaron el referéndum ilegal del 1 de octubre como parte de un plan delicitivo mayor para alcanzar la secesión fuera de los cauces legales y mantuvieron su celebración a pesar de que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional y de la previsión de que habría brotes de violencia. Los miembros del Govern eran «plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos», alega el Ministerio Público. El 7 de septiembre, el Constitucional suspendió la ley catalana del referéndum y su decreto de convocatoria, y advirtió a los entonces gobernantes catalanes de su obligación de impedirlo o paralizarlo, si no querían incurrir en responsabilidades penales. El Ministerio Público considera el 1-O un hito en el proceso indiciariamente delictivo que culminó en la declaración unilteral de independencia de forma ilegal, pues era necesario para llegar a ella según el plan del «procés». Al tratar de impedir el referéndum, la Policía cumplía el mandato de la Justicia ?tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a todos los cuerpos policiales frustrar la votación? en un claro ejercicio del monopolio de la fuerza del que gozan los poderes del Estado, siempre regulado y regido por los límites y condiciones que marcan las leyes. La Policía Nacional y la Guardia Civil cumplieron órdenes judiciales y no cometieron, obviamente, ningún delito. «Se repartían claveles, cantaban el virolai, un himno religioso, dedicado a la Madre de Dios, que seguro que no es susceptible de ninguna interpretación tumultuaria» Junqueras describió los sucesos del 20 de septiembre de 2017 como una especie de romería rural en la que se cantó el virolai, un himno en honor a la Virgen María de Montserrat, la patrona de Cataluña, una jornada festiva. Nada más lejos de la realidad. Aquel día, según los atestados de la Guardia Civil y el relato de la Fiscalía, una masa de 60.000 militantes independentistas rodeó la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada por agentes de la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. La masa impidió que los arrestados estuvieran presentes en los registros, y retrasó la salida de la comitiva judicial. Algunos agentes no pudieron abandonar el lugar hasta las siete de la mañana del día siguiente. La letrada de la administración de Justicia tuvo que escapar por la azotea de la Consejería y camuflarse entre el público de un teatro cercano. Los manifestantes destrozaron además dos vehículos oficiales de la Guardia Civil, a los que se subieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para dirigir sus discursos a la multitud. «El Govern debía proteger el derecho al voto» El gobierno catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont, es el órgano de gobierno de la comunidad autonóma catalana. Como tal, es una institución pública española, sometida al principio de legalidad y al principio de lealtad institucional mutua con el Estado, recogido en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía catalán. La comunidad autonóma catalana ejerce su autogobierno «de acuerdo con la Constitución» y con las leyes, y debía impedir el 1-O.

  • Amenaza indeseable
    Según mis espías paraguayos, mañana lunes conoceremos unos pronósticos electorales, de procedencia demoscópica acreditada, que dejarán a más de uno con la boca abierta. Habrá gestos de asombro o de pánico, pero no de júbilo. La encuesta no trae buenas noticias para nadie. Si acaso para Sánchez, suponiendo que Sánchez sea de júbilo fácil y crea que ser cabeza de cartel de la lista más votada es motivo suficiente para descorchar botellas da cava. Hace once años que el PSOE no se encarama a lo más alto del podium en el escrutinio de unas elecciones generales, es verdad, pero también lo es que en aquella época de bipartidismo implacable ganar y gobernar eran casi la misma cosa. Ahora, no. Que se lo pregunten, si no, a Susana Díaz. Sánchez ganará las elecciones ?dicen hoy por hoy los hígados de las ocas?, pero la cosecha de votos será tan magra que convertirá en abundante la que obligó a dimitir a Rubalcaba hace ocho años. Con Podemos cada vez más cerca de los registros habituales de Izquierda Unida ?Iglesias sigue en caída libre?, el PSOE se queda muy lejos de los resultados que solía conseguir en sus años dorados. La vuelta a casa de muchos de los cinco millones de ciudadanos que emigraron de las urnas socialistas a las podemitas hará posible que Sánchez gane, pero no por mérito propio ?de hecho sigue sin recuperar la confianza del grueso de su antiguo electorado? sino por demérito de quien ha sido su socio preferente durante estos ocho meses de andadura a lo Frankenstein. Gracias a Dios, esa aventura (la frankenstiniana, quiero decir) ya no podrá repetirse. Los datos que conoceremos mañana auguran que la magnitud del desplome de Podemos hace imposible que los sumandos del club de la moción de censura vuelvan a alcanzar la mayoría absoluta. Así que Sánchez, para seguir a bordo del Falcon, solo tendrá dos opciones: o que le ayude Ciudadanos, en el caso ?no descartable según la encuesta? de que la suma entre ambos sea suficiente para ganar la votación de investidura, o que el guirigay en el bloque de la derecha sea de tal calibre que alguno de sus miembros acabe en la abstención y permita que haya un Gobierno con mayoría simple. La segunda posibilidad suena a ciencia-ficción. La primera, a novela negra. Albert Rivera puede tener la llave de la gobernabilidad, pero si la consigue la guardará en la canana del Smith and Wesson con el que se ha comprometido a volarle la tapa de los sesos ?políticamente hablando, por supuesto? a Pedro Sánchez. La única oportunidad que tiene Ciudadanos de no enfurecer a su electorado es arrodillar al PSOE en la plaza pública, obligarle a hacer apostasía del tonteo con el independentismo, implicarle en la aplicación del 155 y forzarle a exhibir la cabeza de su líder máximo desde las almenas de Ferraz. Naturalmente, nadie cree que eso sea posible. Y si lo fuera, ¿qué tendría de festejable para Pedro Sánchez? La otra sorpresa que depara la encuesta es que la suma de las tres derechas tampoco alcanzan la mayoría absoluta. De ser verdad no cabría la solución andaluza. Para el PP, ese pronóstico es fatal. Si Pablo Casado no es el líder del partido hegemónico de un bloque de la derecha que sume 176 escaños, sus posibilidades de ser presidente del Gobierno son tantas como las mías de conseguir el Nobel de Física. En la izquierda ?y menos aún en la bancada independentista o nacionalista? nadie se abstendría para facilitarle el acceso a la Moncloa. Así las cosas, mucho me temo que hoy por hoy ?salvo patinazo de la ciencia demoscópica? la espita que ha abierto Pedro Sánchez con la convocatoria electoral del 28 de abril nos aboca a una solución a lo Borgen ?todo un desafío a lo políticamente improbable? o a una repetición electoral a principios del otoño ?todo un brindis a lo socialmente indeseable?. Pincho de tortilla y caña a que, puestos a elegir, los políticos exigen lo indeseable.


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