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miércoles, 15 de agosto de 2018
Vía libre definitiva a la ley que exigirá más transparencia a las cuentas de los partidos PDF Imprimir E-Mail

El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos, que no ha recibido ninguna modificación en la Cámara Alta por lo que se ha remitido al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor. senado 10.jpg Tras el consenso alcanzado ya en el Congreso sobre la mayoría del texto, todos los grupos han votado a favor de la iniciativa salvo los tres senadores de Amaiur, que lo han hecho en contra.

El Gobierno envió el proyecto a las Cortes en diciembre de 2011, hace casi un año y entrará en vigor tras su próxima publicación en el BOE. La ley reduce en un 20 por ciento las subvenciones a los partidos políticos y a sus fundaciones e incluye nuevas obligaciones de transparencia e información sobre las finanzas de las formaciones.

En el Senado, la iniciativa recibió enmiendas de CC, UPN, IU, Entesa y CiU, así como una firmada por PSOE, CiU, Entesa y PNV para vincular a la evolución del PIB la financiación anual de los partidos, puesto que en el proyecto se elimina la vinculación al IPC. Todas fueron rechazadas por el PP.

El socialista Francesc Antich ha defendido la necesidad de establecer un criterio "objetivo" sobre la actualización de la financiación de los partidos y no dejarla a la "discrecionalidad" de la mayoría parlamentaria del momento. Ha recordado que el PIB no siempre sube, "precisamente no demasiado en estos tiempos", por lo que es un criterio ajustado y que evita además que gane peso la financiación privada sobre la pública.

Por parte de CiU, Eva Parera ha rechazado del PP "lecciones de austeridad, a los catalanes al menos", al rechazar esta cláusula de revisión según el PIB. "Un día estarán en la oposición y echarán de menos esta cláusula", ha dicho. Desde la Entesa, Iolanda Pineda ha añadido que una cláusula de actualización así daría "estabilidad" a los partidos, "un instrumento importante de la democracia".

La iniciativa ha contado entre otras también con enmiendas de UPN. Amelia Salanueva ha apostado por prohibir las condonaciones de deuda por parte de los bancos así como las donaciones privadas, al margen de su cuantía. "Es la oportunidad de no dejar puertas abiertas a la corrupción. Contribuirá, si no lo cerramos bien, a la mayor desafección hacia la clase política", ha dicho.

La 'popular' Rosa Vindel ha rechazado todas las enmiendas. Con respecto a la firmada por la mayoría de la oposición para la actualización automática de estas subvenciones, ha preguntando a los senadores "qué mensaje" se daría a los ciudadanos si los partidos se garantizan a sí mismos "más de lo que en estos momentos tiene garantizado el conjunto de la sociedad". "Así participamos en el esfuerzo colectivo para salir de la crisis", ha añadido.

Con respecto a las enmiendas de UPN, el PP cree que las donaciones privadas y las condonaciones, con los suficientes controles y exigencias de transparencia, son positivas.

La Ley salió del Congreso con un amplio acuerdo de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.

Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.

Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.

En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.

Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que sólo hacía propuestas de recorte de subvención y ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave. En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.

Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.

Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.

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