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lunes, 23 de septiembre de 2019
La convocatoria de elecciones en la Constitución PDF Imprimir E-Mail


El próximo 14 de enero, el Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros, someterá a la firma de S.M. el Rey el Decreto de disolución de las dos Cámaras que componen las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el 9 de marzo, cincuenta y cuatro días después de que el Decreto se publique en el BOE el martes 15 de enero.

De esta manera se pone fin a la VIII Legislatura desde la aprobación de la Constitución en 1978, y se inicia la IX.

Como en todos los casos anteriores, el Presidente del Gobierno ha hecho uso de la potestad constitucional de disolver anticipadamente las Cámaras, sin esperar el agotamiento de la Legislatura, cuatro años después de la elección, que se celebró el 14 de marzo de 2004.

Esta fórmula, la única utilizada hasta ahora, es una de las cuatro posibilidades que contempla la Constitución de 1978 para la convocatoria de elecciones. Por su ubicación en el texto constitucional, son:

• Por agotamiento del mandato (artículos 68.4 y 69.6 CE)
• Disolución automática, si, en dos meses, ningún candidato es investido Presidente del Gobierno (artículo 99.5 CE)
• Disolución anticipada, por decisión del Presidente del Gobierno (artículo 115 CE)
• Disolución tras reforma constitucional (artículo 168 CE)


Agotamiento de la Legislatura

La primera de ellas, por expiración del mandato de Diputados y Senadores, a los cuatro años de su elección, no ha sido utilizada en ninguna ocasión, y lo cierto es que plantea algunos problemas técnicos que no han sido resueltos y que la hacen casi inviable.

En honor a la verdad, hay que reconocer que la mayor parte de las disoluciones se han producido casi a límite del mandato de diputados y senadores (todas las Legislaturas han durado más de tres años), por tanto puede hablarse de un agotamiento práctico de la Legislatura, aunque técnicamente haya sido una disolución anticipada.

El desarrollo de este precepto constitucional se encuentra en el artículo 42.2 de la LOREG y es el siguiente: el decreto de convocatoria se expide 25 días antes de la expiración del mandato de las Cámaras y se publica al día siguiente en el BOE, entrando en vigor el mismo día de su publicación. Las elecciones se celebran 54 días después.

Si tomamos como ejemplo la fecha de las anteriores, el 14 de marzo de 2004. La convocatoria automática de elecciones se produciría el 18 de febrero, publicándose el 19. Las elecciones serían el domingo 13 de abril.

Pero estamos hablando de convocatoria, no de disolución, por lo que Diputados y Senadores seguirían en sus cargos hasta el término de su mandato, el 14 de marzo, con el proceso electoral en marcha, y las distorsiones que ello podría conllevar, como por ejemplo, en la presentación de candidaturas, que deben publicarse el día 22 desde la convocatoria.

Disolución automática, si no se elige Presidente de Gobierno

El artículo 99.5 de la Constitución establece que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso".

De las cuatro posibilidades, ésta es la única que no es refrendada por el Presidente del Gobierno, sino por el Presidente del Congreso, pues la disolución se produce, precisamente, por la imposibilidad de elegir un candidato para dirigir el Ejecutivo.

Salvando las distancias, y de acuerdo con su legislación específica, esta es la situación que se creó en 2003 en la Comunidad de Madrid, cuando Rafael Simancas no logró ser investido Presidente, por la abstención de los diputados elegidos en las listas del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.


Disolución anticipada

El artículo 115 da al Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, la potestad de disolver el Congreso de los Diputados, el Senado o ambas Cámaras a la vez, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Esta propuesta de disolución, que será decretada por el Rey, con el refrendo del Presidente de Gobierno, no puede presentarse ni cuando esté en trámite una moción de censura, ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución.

Como ya se ha dicho, este es el procedimiento usado en todas las ocasiones desde la aprobación de la Constitución en 1978.


Disolución por reforma constitucional

La última de las disoluciones contempladas e la Constitución es la que se produciría en el caso de que se propusiera una reforma total del propio texto constitucional, o una reforma parcial que afectara al Título Preliminar (artículos 1 a 9 CE), al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I (artículos 15 a 29 CE, "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas"), o al Título II ( artículos 56 a 65 CE, "De la Corona").
Presentada la propuesta de reforma, el texto se somete a un debate en el Pleno de cada Cámara que, en el caso del Congreso, se ajustaría a lo establecido para los debates de totalidad, y en el del Senado, habría dos turnos a favor y dos en contra, expuestos de forma alternativa. En ambos casos se trata de un solo debate sobre la oportunidad de la reforma propuesta y sobre sus grandes líneas, sin entrar en el detalle del articulado.

Si cada Cámara aprueba por mayoría de dos tercios la propuesta, el Presidente de Congreso lo comunica al Gobierno para que someta a la sanción de S.M. el Rey el Decreto de disolución de las Cortes Generales.

Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que requerirá para su aprobación la mayoría de dos tercios de cada Cámara, y su ratificación mediante referéndum.

Comentarios
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Laura - Convocatoria elecciones   | | 28-05-2013 10:02:26
Buenos días.
Entonces, según el primer apartado,se pueden convocar elecciones sin disolver las cámaras no?
mk   | | 16-11-2013 03:30:08
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