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lunes, 23 de septiembre de 2019
Las campañas institucionales de ámbito estatal y autonómico PDF Imprimir E-Mail

  Durante la campaña para las próximas elecciones del 9 de marzo, vamos a poder disfrutar de dos tipos de campañas institucionales distintas: una, la puesta en marcha por el Ministerio del Interior y que está regulada en el artículo 50 de la LOREG, muy limitada en cuanto a contenido y medios; y la que realice la Junta de Andalucía en relación con las elecciones autonómicas.

La diferencia fundamental es que la Junta de Andalucía puede realizar una campaña orientada a fomentar la participación de los electores en la votación (artículo 27.2  de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía), utilizando para ello cualquier soporte publicitario.

La posibilidad de realizar campañas de incentivación de los electores por cualqier medio de comunicación existía en la ley estatal hasta que fue reformada por la Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, modificación que tenía como objetivo reducir los gastos electorales e incrementar su control. 

Esta reforma es la que limitó la campaña electoral a 15 días (el texto de la LOREG de 1985 dejaba a la decisión del Gobierno la duración de la campaña: entre 15 y 21 días), estableció una reducción del 20% del límite máximo de gastos permitido y fijó los límites porcentuales de  los gastos en publicidad exterior y en prensa y radio privadas.

En relación con las campañas institucionales,  la reforma de la ley estableció que el único sujeto legitimado para realizar una campaña institucional electoral es quien tiene la capacidad de convocar las elecciones, es decir, en el caso de las elecciones generales, el Gobierno de la Nación. Dónde: en espacios gratuitos de los medios de comunicación de titularidad pública. Y contenido: "informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores".

Queda claro que la modificación suprimió expresamente la posibilidad de realizar una campaña para incentivar la participación y limitó cvlaramente los medios que podían utilizarse.

Sin embargo, como el artículo 50 de la LOREG no es de aplicación obligatoria por las Comunidades Autónomas, muchas de ellas siguen manteniendo la redacción anterior a 1994, a pesar de que sus leyes electorales han sufrido modificaciones en estos años, como ocurre con la Ley Electoral de Andalucía, modificada en 2005.

En estas elecciones, el Gobierno de la Nación ya ha anunciado que tiene previsto realizar las siguientes campañas institucionales:

  1. sobre el nuevo procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero
  2. sobre el nuevo procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio
  3. sobre la exposición de las listas de censo electoral  
  4. sobre el ejercicio del derecho al voto por correo
  5. sobre la fecha y el procedimiento de votación sobre la papeleta y votación al Senado

que se desarrollarán en espacios gratuitos de los medios de comunicación de titularidad pública.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha informado, por ahora, que va a realizar una campaña sobre el voto por correo y ha hecho públicos los soportes: prensa, radio y televisión, dípticos, carteles, revistas y vallas.

Tiene mucho más sentido la ley estatal: las campañas institucionales deben servir para informar sobre los diferentes procedimientos de votación. Difundiendo la información ya se está propiciando la participación. Pero es que incluso la redacción es mucho más acertada y completa en la LOREG que en las normas autonómicas, ya que expresamente establece que, en ningún caso, la campaña puede influir en la orientación del voto de los electores. Por otra parte, y tiene también una gran importancia, la utilización, exclusivamente, de los medios públicos permite un ahorro importante de los gastos de los comicios.

Habría que sugerir a los legisladores que salgan de esta elecciones del 9 de marzo que consideren la conveniencia de que, en el futuro, el artículo 50 de la LOREG sea también de aplicación obligatoria en las elecciones a Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

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permanente     | | 08-01-2012 21:07:09
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