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lunes, 23 de septiembre de 2019
LA LEY DE PARTIDOS PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Agustí Cerdà   

La modificación de la Ley de partidos en el 2002 fue un pacto sellado entre los dos partidos políticos con mayor representación en el Congreso en la pasada legislatura (PP y PSOE) y refrendado por Coalición Canaria y Convergencia i Unió, excluyendo la opinión en sede parlamentaria de los partidos que formaban parte del gobierno de Euskadi (PNV, EA i IU) y por supuesto del resto de los partidos políticos como Esquerra Republicana. Por ello en primer lugar, entiendo que merece la pena reflexionar sobre la necesidad que una ley (orgánica) que regula la actividad de los partidos políticos, debiera ser una ley que cuente con el consenso y por tanto con el apoyo de todos los partidos, en tanto que son los principales actores de la ley.

La Ley de Partidos del 78 fue una ley de consenso que contó con 290 votos a favor y 2 abstenciones de los diputados. Esquerra Republicana no pudo concurrir a las elecciones generales bajo su "ilegal" sigla "republicana" por la "ilegal" defensa de valores como la república y la autodeterminación, al no ser legalizada hasta el 2 de agosto de 1977, aunque contó con un representante, a través de la candidatura Esquerra Catalana.

El principal objetivo de la Ley de Partidos del 78 era pues fomentar la participación de los partidos políticos y el pluralismo ideológico, de acuerdo con la voluntad del constituyente, después de una etapa negra, autoritaria, en la que la ilegalización de partidos, sindicatos y asociaciones era la norma dominante.

En efecto, en el debate constituyente, tal y como argumentó el gobierno vasco en el recurso de inconstitucionalidad que presentó a la reforma de 2002 de la Ley de Partidos y el Sr. Erkoreka en el debate de totalidad de la Ley, el constituyente rechazó la enmienda 655 que la Agrupación Independiente presentó al artículo 6 del proyecto constitucional que reproducía el artículo 21 de la Ley Funamental de Bon. Es decir, el constituyente rechazó introducir la posibilidad de declarar inconstitucional un partido político por defender idearios totalitarios o incompatibles con el régimen de libertades o con el sistema democrático. La Constitución sólo permite la ilegalización de un partido cuando este incurra en un ilícito penal. Y ello ya estaba previsto en la anterior Ley de Partidos.

La totalidad de los países cuyas normas constitucionales sí que prevén este tipo de mecanismos impeditivos o de disolución ya hace años que no se utilizan, exceptuando Turquía.

Existen por tanto, dos alternativas: ilegalizar o combatir las ideas en las urnas, en la arena política. Incluso países como Alemania han procedido de acuerdo con esta última opción.

Pero la reforma de la Ley de partidos, llevada a cabo en la anterior legislatura fue una reforma, hoy vigente, que se centró básica y exclusivamente más que en promocionar la existencia de los partidos políticos y garantizar la pluralidad ideológica, en ilegalizar un partido concreto. Por ello, durante el debate parlamentario la mayoría de los grupos parlamentarios la bautizaron como la “Ley de ilegalización de partidos”.

La modificación de la Ley de partidos del 2002, se redujo prácticamente a introducir normas de excepción, incluyendo entre las causas de ilegalización, actuaciones claramente delictivas que coexisten con otras meramente criticables, de forma totalmente desproporcionada. Asimismo incluyó también la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General - norma que regula las normas de juego electoral y que también debiera contar con el consenso de todos los partidos que participan en el juego democrático – y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para crear una Sala que juzgue en única instancia la ilegalización de los partidos (la conocida como sala del 61).

La Ley fue concebida como un instrumento de propaganda política y se utiliza de forma abusiva como política de imagen. Ha sido el ariete del PP durante toda la legislatura, sin hacer ninguna aportación a la resolución del conflicto ni a la convivencia en paz en Euskal Herria. Es una legislación que a mi entender simplemente añade más gasolina al fuego.

No se buscó una solución hacia la paz. No se apostó por el debate el diálogo, la lealtad hacia las instituciones vascas y la convivencia en paz. Se optó por una ley de ilegalización de partidos. El resultado directo ha sido la confrontación y la crispación en la sociedad vasca y en el Estado español; y de paso, la perversión del sistema democrático que ha llevado a absurdos como el de la localidad guipuzcoana de Lizartza, donde los votos anulados representaban la mayoría absoluta de los votos emitidos, los votos en blanco el 40% y los 27 obtenidos por el PP representaban poco más del 7,5% y que, finalmente, ha supuesto que la totalidad del pleno municipal sea monocolor del PP, “legalmente”, eso sí, pero con una fuerte contestación vecinal.

Aunque los partidos mayoritarios en el Congreso suelen negar cualquier similitud con el conflicto armado en Irlanda del Norte, es inevitable por mi parte remitirme a él, en tanto que resulta evidente la imposibilidad de llegar a la pacificación si una parte de la ciudadanía del norte de Irlanda hubiera sido ilegalizada y en consecuencia no hubiese contado con interlocutores políticos avalados democráticamente.

Siempre hemos mantenido que la derrota de los delitos de terrorismo, xenofobia y racismo ha de ser judicial y policial. Y la derrota de ideologías xenófobas, racistas y terroristas ha de realizarse, mediante el combate ideológico, el debate político y en última instancia en las urnas. Debemos convencer sobre la necesidad de rechazo de toda forma de violencia. Debemos convencer sobre la necesidad de defender la independencia, el derecho de autodeterminación sin que ninguna ideología valga o pueda justificar la pérdida de una sola vida, ni una sola tortura, ni una sola agresión.

Relegar a la clandestinidad no es la solución, sino el problema. Debilita la democracia. Incrementa el descontento social y puede acabar alimentando a la opción política que se pretende combatir.

La modificación de la ley de partidos, no ha permitido avanzar en la lucha contra el terrorismo ni el racismo ni la intolerancia. Tampoco ha permitido avanzar hacia la paz. Por el contrario ha supuesto un retroceso en el pluralismo político y la libertad ideológica, en definitiva un retroceso del sistema democrático.

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