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lunes, 23 de septiembre de 2019
LA REBELIÓN DE URKULLU PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Jaime Ignacio Del Burgo   

del burgo (2).jpgDesde la dimisión de Josu Jon Imaz como presidente del PNV, que hacía gala de una cierta moderación, los nacionalistas vascos parecen haber perdido el rumbo una vez más.

El pasado 31 de enero, el actual presidente Iñigo Urkullu, en el acto de presentación de las candidaturas de su partido a las próximas elecciones generales celebrado en Bilbao, afirmó paladinamente que es la banda terrorista ETA la que “decide cómo, cuándo y de qué manera va a presentar candidaturas el mundo de la izquierda aberztale”, aunque matizara después esta acusación tan rotunda al añadir que quienes propugnan la ilegalización de sus listas tienen una “confluencia de intereses “, a su juicio, “aborrecibles”.

La vigente Ley de Partidos no proscribe ninguna idea política. Sólo exige que su defensa se haga por medios estrictamente democráticos con pleno rechazo a la violencia terrorista. La ilegalización es una decisión extrema que se debe producir cuando existe la constatación de que ETA, a través de partidos controlados por ella, pretende presentarse a las elecciones.

Resulta un contrasentido acusar a ANV de no ser otra cosa que la plataforma electoral de ETA y cargar a renglón seguido contra los que tan sólo exigen el cumplimiento de la ley. En ningún país democrático del mundo se permitiría a una banda terrorista presentarse a las elecciones.

Pero la cosa no acaba ahí. El 2 de febrero, en otro acto similar celebrado en Vitoria, el presidente nacionalista incitó al Parlamento Vasco a rebelarse contra la posible ilegalización del PCTV mediante una reforma del reglamento de la cámara vasca para que la decisión de disolver un grupo parlamentario no sea competencia de la Mesa sino del pleno del Parlamento, cuyo acuerdo habría de adoptarse por mayoría absoluta.

Si esta incitación a la rebelión frente a las decisiones judiciales llega a consumarse, los parlamentarios que votaran en contra de la disolución del PCTV incurrirían en un delito de desobediencia y podrían ser inhabilitados como ha ocurrido con Atucha y los demás miembros de la Mesa que se negaron a disolver en la pasada legislatura vasca al Grupo Parlamentario de la izquierda aberztale. En defensa de su posición, Urkullu argumentó que el Parlamento vasco es una institución soberana y de primer categoría.

Olvida Urkullu que el Parlamento vasco es una institución inserta en el Estado constitucional español y que está sujeto al imperio de la ley y a las resoluciones de los Tribunales de Justicia, de forma que sólo es “soberano” cuando ejerce las funciones que le confiere el Estatuto de Guernica en el marco de la Constitución. Si conforme a la legislación vigente un partido es ilegalizado la disolución del Grupo Parlamentario no es más que la consecuencia obligada de su eliminación del sistema democrático y ni la mesa ni el pleno de la Cámara vasca tienen legitimación alguna para oponerse al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

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