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lunes, 23 de septiembre de 2019
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Campaña electoral
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Campaña institucional informativa de los poderes públicos

Un problema distinto es el que se plantea  respecto de aquellas campañas puestas en marcha por organismos o instituciones para dar a conocer los logros de su gestión.

A partir de 1995, la JEC modificó su doctrina anterior y se mostró mucho más restrictiva respecto a las campañas que los poderes públicos pueden realizar durante el periodo electoral, que abarca desde el día de la convocatoria hasta el de votación, prohibiendo la realización de campañas durante dicho periodo, para que no se vulneren los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales.

     El cambio de criterio de la JEC tuvo lugar, sin embargo, el año anterior, con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía: un acuerdo de 2 de junio de 1994, prohibió la campaña que estaba realizando la Junta con el lema “Lo hecho en Andalucía: una garantía”, porque, según su criterio, excedía de los límites de las campañas que los poderes públicos pueden realizar, “ordenando al Consejero de Gobierno (¿) de la Comunidad Autónoma de Andalucía que proceda a la inmediata retirada de las vallas y demás instrumentos publicitarios de la citada campaña que aún permanezcan”.
  
   Además, por Acuerdo de 21 de junio de 1994 decidió que la difusión de anuncios con el lema “Sólo en Andalucía: tanto en tan poco tiempo” el día de reflexión “constituye, objetivamente considerado, vulneración de la normativa electoral por cuanto ni durante la jornada de reflexión ni durante el propio día de la elección pueden los poderes públicos realizar actividad publicitaria alguna que, directa o indirectamente, pueda influir en el voto de los electores”.

La JEC fijó sus nuevos criterios mediante el Acuerdo de 24 de febrero de 1995, reiterado el 15 y el 29 de marzo del mismo año, y que ha sido objeto de actualización mediante una Instrucción, de 13 de septiembre de 1999, “sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales”, que establece:

1.-  Sin perjuicio de lo que en cada caso decida la JEC, los poderes públicos no pueden realizar ninguna campaña durante el periodo electoral que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el de igualdad entre los actores electorales.

2.-  Quedan excluidas de esa prohibición, siempre que no atenten contra dichos principios:
         a. Las campañas expresamente previstas en la normativa electoral: sobre inscripción en el censo y sobre el procedimiento del votación.
         b. Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

3.-  En cualquier caso, estas campañas no pueden contener alusiones a los logros obtenidos durante su mandato por el poder público que realiza la campaña, o imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas que se presenten a las elecciones.

La segunda de las excepciones fijadas ha sido objeto permanente de consultas ante la JEC sobre la legalidad o no de determinadas campañas. El criterio que se ha seguido, además de reiterar en sucesivas ocasiones que la JEC carece de competencia para autorizar con carácter previo la divulgación de una campaña oficial, ha consistido en intentar dilucidar si la campaña carece de intencionalidad electoral y entra, por tanto,  dentro de la actividad habitual de la Administración Pública correspondiente que, evidentemente no puede verse paralizada durante el periodo electoral.

Hay muchos ejemplos de campañas autorizadas o paralizadas por las Juntas Electorales, en todos los casos, una vez puestas en marcha y, habitualmente, por denuncia de los otros comparecientes en el proceso electoral. 
      
Así, por ejemplo, la JEC, el 20 de abril de 1999, resolvió contra el acuerdo de una Junta Provincial autorizando un acto público de entrega de premios convocado por una Comunidad Autónoma, al apreciar el carácter habitual de la convocatoria, prácticamente idéntica a la de los tres últimos años y en idénticas fechas.
      
En junio de 1999 establece que no cabe genéricamente prohibir la inauguración de obras terminadas, sino que, caso por caso, habrá de estarse a las circunstancias de la inauguración y a la utilidad de la obra para el servicio público. Unos meses antes (Acuerdo de 13 de mayo de 1999) desestimó el recurso contra el acto de inauguración de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, organismo de la Unión Europea, ya que era un acto organizado por las instituciones europeas en el que iban a participar, junto a personalidades españolas, autoridades europeas representativas de distintos sectores políticos y sociales. 
      
Por el contrario, el 23 de febrero de 2000, suspendió la difusión de folletos editados por una Comunidad Autónoma por su similitud con los de un partido político y porque no había razones de salvaguarda del interés público que impidan demorar su difusión hasta después de las elecciones.
     

Algunas comunidades autónomas han aprobado leyes específicas que regulan la publicidad institucional de su Administración, como por ejemplo, Extremadura, Andalucía Cataluña, Valencia y, recientemente, las Cortes Generales has aprobado una ley sobre esta materia, por la que se prohíbe la emisión de publicidad al Ejecutivo desde la convocatoria electoral hasta el día de celebración de las elecciones, con la excepción de la relativa al proceso electoral o aquellas campañas imprescindibles para salvaguardar el interés general o para el correcto desarrollo de los servicios públicos en la LOREG.



 
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