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martes, 22 de octubre de 2019
Administración Electoral PDF Imprimir E-Mail
Índice del Artículo
Administración Electoral
Juntas Electorales
Juntas de Zona
Juntas Provinciales
Junta Electoral Central
Mesas y Secciones electorales
Delegados de candidaturas
Representantes de Candidatura
Administradores
Apoderados
Interventores

Administradores

Toda candidatura, incluida la promovida por agrupaciones de electores, debe tener un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos y de su contabilidad.

Además, los partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidatura en más de una provincia deben tener un administrador general, quien responde de todos los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, federación o coalición y por sus candidaturas.

En principio, puede ser nombrado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Se excluye a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en la legislación penal. Los candidatos tampoco pueden ser administradores generales.

Los representantes generales y de candidatura pueden acumular la condición de administrador general.

 

  • Los administradores generales tienen que designarse por escrito ante la Junta Electoral Central por sus respectivos representantes generales antes del undécimo día posterior a la convocatoria de elecciones. Este escrito debe expresar la aceptación de la persona designada.

 

  • Los administradores de las candidaturas, que actúan bajo la responsabilidad del administrador general. son designados por escrito ante la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en el acto de presentación de las candidaturas. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a la Junta Electoral Central los administradores designados en su circunscripción.

Los administradores generales y de candidatura deben comunicar, en el plazo de 24 horas desde su apertura, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Provinciales las cuentas abiertas para la recaudación de fondos. Dichas cuentas pueden abrirse, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores, en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros. Eso sí, en el supuesto de coincidencia de elecciones, cada proceso electoral debe tener su propia cuenta separada.

Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir a la elección, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberán ser restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que las promovieron.

No se permiten aportaciones anónimas: todas las personas físicas o jurídicas que aporten fondos a las cuentas electorales deben hacer constar su nombre, domicilio y DNI. Cuando los fondos se aporten en nombre de un partido político hay que hacer constar cuál es la procedencia de los mismos.

Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas.

Terminada la campaña electoral, sólo se podrá disponer de los saldos de estas cuentas para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos electorales previamente contraídos.

RESPONSABILIDAD Y DELITO ELECTORAL

Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicación a los fines señalados. Pueden incurrir en delito electoral

a) Si falsean las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.

b) Si se apropian o distraen fondos para fines distintos. Serán sancionados con las penas de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas

c) Si además concurre ánimo de lucro personal, la pena será de prisión mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.

Apoderados e interventores

Para el seguimiento de las operaciones de voto y escrutinio, los representantes de las candidaturas pueden designar a apoderados e interventores, cuya labor se desarrolla en la jornada de votación.

Actúan como representantes de las formaciones políticas en las diferentes Mesas electorales y, en el caso de los apoderados, también ante la Junta Electoral que realiza el escrutinio general.

Apoderados e interventores pueden ostentar emblemas o adhesivos con el nombre y siglas del partido o coalición y la palabra interventor o apoderado, con el único fin de poder ser identificados y no para realizar actividades de campaña electoral.



 
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