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martes, 22 de octubre de 2019
CONDICIONES PARA EL VOTO INMIGRANTE PDF Imprimir E-Mail

El Gobierno ha dado impulso a la suscripción de convenios internacionales con determinados países y en determinadas condiciones para reconocer el derecho de sufragio en elecciones municipales a los extranjeros residentes de forma permanente en España, cuestión a la que el PP siempre se ha mostrado favorable. bermudez.jpgAhora bien, una cosa es que estemos de acuerdo con esta iniciativa que ha impulsado el Gobierno y otra que el debate y la información sobre el contenido y las condiciones establecidas en estos convenios sean ajenos a este Parlamento.

Es verdad que la suscripción de dichos convenios no conlleva necesariamente ninguna reforma de nuestra Ley electoral, pero no es menos cierto que en su aplicación más de un millón de extranjeros residentes en España podrán ejercer por primera vez en las próximas elecciones municipales un derecho al voto y que serán además muchos más si se impulsan nuevos convenios con otros países, tal y como anunció el ministro de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, puede que estos convenios no afecten a la Ley Electoral, pero inciden de manera muy significativa en el cuerpo electoral, en el censo, por lo que el contenido y condiciones de dichos convenios deberían ser sometidos con carácter previo al consenso de los grupos parlamentarios.

Como también debería haber un consenso previo en relación con el alcance e interpretación del requisito de reciprocidad recogido en el artículo 13.2 de nuestra Constitución. Esta es una cuestión relevante que debería ser objeto de un debate sosegado en la Comisión Constitucional, sin descartar que podamos llegar a la conclusión de que sea conveniente y necesario desarrollar dicho precepto en nuestra Ley Electoral.

No es una cuestión baladí, pues puede haber diferentes posiciones. La nuestra, la del Partido Popular, es bien conocida. Nosotros no consideramos que el requisito de reciprocidad deba conllevar obligatoriamente una igualdad o identidad absoluta en todos los términos y condiciones en los que debe desarrollarse el reconocimiento bilateral del derecho de sufragio, pero tampoco abogamos por convertir dicho requisito constitucional en un mero concepto retórico vacío de contenido. La reciprocidad no es un elemento formal, es un elemento sustancial.

Es verdad que el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, pero su alcance y su recta comprensión está en el diccionario de la Real Academia Española y significa correspondencia mutua, bilateralidad, equivalencia, y esos conceptos no son flexibles y tienen un significado jurídico preciso. Por ello no cabe, a nuestro juicio, un relativismo jurídico a la carta en aras a alcanzar determinados objetivos, por muy loables que sean. Porque, en el ánimo de permitir el derecho de sufragio en elecciones municipales a todos los extranjeros que viven con nosotros, podríamos incurrir en una discriminación con nuestros compatriotas que viven en sus países de origen y, lo que sería mucho más grave, forzar o conculcar los propios límites constitucionales.

Por tanto, nuestra posición es que deben cumplirse unas condiciones mínimas para poder suscribir dichos convenios, condiciones que, por cierto, han sido compartidas por la mayoría de los expertos en los diferentes foros en los que hemos tenido la oportunidad de participar los miembros de la subcomisión de la Comisión Constitucional, especialmente en las jornadas celebradas el pasado mes de octubre en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

La primera de ellas, la básica, es que en los países de origen se celebren elecciones locales y lógicamente que nuestros compatriotas también puedan votar en ellas. Pero también que dichas elecciones sean homologables, que respondan a unos estándares mínimos democráticos reconocidos internacionalmente, que sean justas, limpias y, sobre todo, libres. Ello solo puede producirse cuando los convenios se suscriben con países cuyos regímenes políticos son auténtica y verdaderamente democráticos.

Otra cuestión no menos importante y que suscita muchas dudas es el doble voto. Y pondré otros dos ejemplos que también suscitan dudas: ¿El reconocimiento al sufragio de los extranjeros residentes en España debe circunscribirse solo al derecho de sufragio activo o también debe ampliarse al derecho de sufragio pasivo? O ¿el periodo mínimo de residencia exigido en España para los extranjeros debería ser el mismo para todos los países o podría ser distinto? Lo digo porque en el convenio que se ha suscrito con Islandia a los islandeses se les exige cinco años mientras que a los noruegos solo se les exige tres.

En definitiva, son muchas las cuestiones que deben plantearse, reflexionarse y consensuarse antes de continuar impulsando nuevos convenios. Por esas razones queremos que el Gobierno informe y espero que también consensúe con el resto de los grupos y con carácter previo éstas y todas cuantas iniciativas afecten directa o indirectamente a cualquiera de los elementos que vertebran nuestro sistema electoral. Estamos hablando de las reglas del juego que conforman nuestro sistema democrático, por lo que el consenso tiene que ser siempre —y lo hemos dicho así, siempre— un elemento básico.



José Antonio Bermúdez de Castro,

diputado del Grupo Popular en el Congreso

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