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domingo, 20 de octubre de 2019
PACTO FÉRREO PSOE-PP PDF Imprimir E-Mail

La Ley Orgánica 5/85 de Régimen Electoral General vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, desarrollados por el Real decreto Ley 20/77, que reguló las primeras elecciones democráticas y que pasaron a formar parte de la Constitución española del 78. rosadiez.jpg

No cabe duda que el sistema electoral español, diseñado en plena transición política, cumplió con las necesidades del momento: promover un bipartidismo fuerte, evitar la excesiva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento para facilitar los acuerdos y construir la democracia. Pero ya han pasado treinta años; y lo que tuvo un cierto sentido en su momento no puede consolidarse en el tiempo puesto que es un sistema injusto y contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

El argumento principal que nos mueve a presentar una reforma de la LOREG es la defensa de la igualdad, consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución: el 1.1. (igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico); 9.2 (participación de los ciudadanos en la vida política); 23.2 (acceso a los cargos públicos) y 68.1 (voto igual).

El sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones. A mi juicio lo más intolerable, en términos democráticos, no es que unos partidos tengan ventajas sobre otros sino que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función de la parte de España en la que viva y de la opción política que elija. Dicho de otra manera: lo que urge corregir es el hecho de que el voto de mi vecino, que vota PNV, valga seis veces más que el mío.

Que la Ley Electoral actual es fuente y origen de desigualdades es algo conocido y aceptado por el propio Gobierno de la Nación. Es por eso que solicitó un informe al Consejo de Estado en el que textualmente afirmaba ser “plenamente consciente de que el régimen electoral es una pieza clave del Estado Constitucional puesto que habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático de las instituciones del Estado”. Es evidente que, en coherencia con ese postulado, el Gobierno debiera haber iniciado ya una reforma del sistema electoral para que éste garantizara una mayor proporcionalidad y garantizara el respeto a los principios de igualdad y justicia en la representatividad política.

El Gobierno, en su escrito al Consejo de Estado, consideró “adecuado y conveniente el examen y la valoración de propuestas de reforma que, siendo compatibles con la Constitución, contribuyeran a incrementar la calidad democrática del sistema político y facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos”. De facilitar el derecho al sufragio de los ciudadanos es precisamente de lo que trata nuestera iniciativa.

Cabe que se me diga (como hizo el Presidente del Gobierno en respuesta a mi pregunta en setiembre del 2009) que ya está creada una Comisión para analizar todas estas cuestiones. Pero el Consejo de Estado ha remitido su informe el 24 de febrero de 2009 sin que, en un año, el Gobierno haya tomado iniciativa ninguna y la Comisión haya hecho otra cosa que prorrogar los plazos para emitir un informe. Ya se sabe: crea una Comisión y échate a dormir.

No hay disculpa ninguna para no enfrentarnos urgentemente con esta reforma necesaria de una Ley Fundamental. Si el Gobierno quería ganar tiempo esperando la respuesta del Consejo de Estado, ahí la tiene. Y resulta bien interesante analizarla en sus justos términos. Lo primero que quiero destacar es que “el supremo órgano consultivo del Gobierno”, según reza el artículo 107 de la CE ha hecho las siguientes recomendaciones:

1. Aumentar el número de diputados de 350 a 400;

2. Rebajar la representación mínima inicial de 2 a 1 diputado;

3. Buscar una fórmula electoral más proporcional que la D’hont (como la Hare, Droop, Sainte Lagüe…).

Pero es importante que nos fijemos también en los argumentos del Consejo de Estado. De entrada el informe describe un primer problema indiscutible: las desigualdades en la distribución y atribución de escaños, --que, por cierto, ataca directamente el principio constitucional de igualdad de voto o sufragio--. Es por eso que plantea la reducción del mínimo por circunscripción y el incremento hasta cuatrocientos en el número de diputados, todo ello para buscar “un incremento de la calidad democrática del sistema político”.

El informe afirma también en la página 159 y siguientes que el sistema actual produce “primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso”. O sea, prima a las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales: el PSOE necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño; el PP necesitó 66.740 votos; Izquierda Unida 484.973 y Unión Progreso y Democracia 306.079. Más claro, agua.

Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto, que aparecen a partir de la página 162. Dice así: “En principio, la igualdad de sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector tiene un solo voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esta interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor numérico como el igual valor del resultado del sufragio: igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben ser los mismos; igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de representación”. Es claro el ejemplo: mi vecino sólo vota una vez pero su voto vale seis veces más que el mío; luego el principio de igualdad está claramente pervertido.

Sigue analizando el Consejo las peculiaridades del sistema proporcional en relación con el mayoritario en el que sólo son eficaces los votos emitidos a favor del candidato ganador. E insiste en que “en un sistema proporcional los votos deben tener, aparte de un idéntico valor numérico, un igual valor de resultado”, con los límites que se establezcan en razón de la racionalización y eficacia de gobiernos parlamentarios.

Quiero llamar la atención sobre el Código de Buenas Prácticas en materia Electoral, aprobado en 2002 por la Comisión de Venecia, donde se distingue entre la igualdad en los derechos de voto y la igualdad del poder del voto. Es esta referencia la que le sirve al informe del Consejo para sostener que si bien la igualdad de los derechos de voto no está amenazada salvo en las democracias emergentes, “la igualdad del poder del voto se ve puesta en cuestión en algunos países” (como en España) “mediante la aplicación de mecanismos tales como la asignación de un número fijo de representantes a cada una de ellas con independencia de su población y el establecimiento de una reducida composición de la cámara, que determina un diferente peso del sufragio antes de ser emitido en función de la circunscripción en que se encuentre el elector”. O sea, que el voto “vale” diferente en función de la parte de España en que vivas, lo cual es un claro atentado al principio de igualdad.

Lo más relevante de nuestro sistema, aquello por lo que urge su corrección, es la perversión del derecho a la igualdad del voto de cada ciudadano. Pero también quiero incidir en otro derecho recogido en el artículo 23 de la CE que resulta burlado por el actual sistema electoral: la igualdad de oportunidades de las distintas candidaturas. El citado Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, en su apartado 18, indica que la igualdad proporcional implica que los partidos deben ser tratados en función de su número de votos. Es por eso que el mencionado informe del Consejo insiste en que “el mayor o menor grado proporcionalidad de un sistema electoral afecta a la igualdad de oportunidades de tales partidos, en cuanto verdaderos actores de la competición electoral…” “En razón de estas consideraciones, el análisis crítico de las desigualdades en la atribución de escaños no debe realizarse (sólo) desde la perspectiva del poder del voto de los electores sino de la igualad de oportunidades de las distintas candidaturas”. En definitiva, que nuestra legislación electoral contradice el artículo 23.2 de la CE que señala que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”.

Es indiscutible que el resultado práctico de la aplicación de la LOREG está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto atribuido a cada ciudadano en función de la circunscripción electoral en la que ejerza su derecho y de la opción política que elija. Si nuestra Constitución proclama en su artículo 1.2 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del estado”, el sistema electoral ha de ser respetuoso con ese principio esencial de la democracia y no puede, distorsionar la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas. La regeneración democrática exige una modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral que se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.

Modificar la ley electoral para que esta garantice principios innegociables como la justicia y la igualdad es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Estamos hablando de la pre-política, de lo básico, de aquello que ha de estar por encima del interés partidario para atender al interés general. Ya sé que los dos grandes partidos han demostrado hasta el presente tener un en esta materia un pacto férreo, un pacto para no tocar una ley que les permite garantizarse la alternancia en el poder. Porque son los dos grandes partidos los que más se benefician de la aplicación de esta ley injusta, los que taponan la reforma.

Propongo al PSOE y al PP que rompan ese pacto contra la igualdad y la justicia; les propongo que mandatemos al Gobierno para que, atendiendo al informe del Consejo de Estado (que supongo ha tenido tiempo más que suficiente para analizar) remita a las Cortes un Proyecto de Ley de reforma de la LOREG en orden a garantizar una mayor proporcionalidad y la igualdad del voto de todos los ciudadanos al margen de la parte de España en la que vivan o de su opción electoral.

Comentarios
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vecina de getafe   | | 26-05-2011 17:26:46
Si crees que la ley de pactos ... es injusta porque permites que en Getafe , vuelva a salir el psoe uniendose con iu , cuando los ciudadanos votamos al pp
si dejas que eso ocurra ... será como los demás palabras y más palabras
cialis - cialis     | | 17-06-2016 04:57:25
Hello!
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