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domingo, 21 de julio de 2019
NO SON REFORMAS MENORES PDF Imprimir E-Mail
La proposición de ley de reforma de la LOREG firmada por PP, PSOE, CiU y PNV culmina muchos meses de trabajo parlamentario que tuvo su origen en la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional dell Congreso. bermudez.jpgHemos celebrado 17 sesiones de ponencia con muchas horas de debate, y un buen método de trabajo ha terminado con la aprobación de un dictamen que ha sido la base de nuestra iniciativa. La Ley Electoral no es una ley cualquiera, es una ley que junto con la Constitución española y el Reglamento de la Cámara conforman la médula espinal de las reglas del juego de nuestro sistema democrático, por lo que su reforma debe hacerse con un alto grado de consenso, con vocación de perdurabilidad. Por eso todos los grupos, no solo unos, hemos tenido que abandonar alguna de nuestras pretensiones iniciales.  Todo el mundo sabe que el PP presentó una propuesta para que en los ayuntamientos gobernara la lista más votada en determinadas condiciones. Era una propuesta basada en el respeto a la voluntad mayoritaria de los electores que, a nuestro juicio, facilitaba la gobernabilidad y la estabilidad institucional y, sin embargo, no hemos podido incluirla porque no contó con el apoyo del PSOE ni de IU. Por eso no me parece aceptable que algunos partidos centren su rechazo a esta reforma no tanto en su contenido, sino precisamente en la frustración de no haber podido incorporar sus pretensiones, especialmente en lo relativo al sistema electoral.  ¿Que a algunos les convendría otro sistema? De acuerdo, pero de ahí a calificar de fraude, de injusticia o de escándalo democrático el actual me parece un exceso verbal que no se sostiene ni en términos jurídico-políticos ni en términos histórico-electorales. Porque propuestas de reforma del sistema hay muchas, no solo las de IU o UPyD. Algunos reclamaban la proporcionalidad pura, otros incrementar a 400 el número de escaños, otros sustituir la circunscripción provincial por la autonómica, otros crear una circunscripción nacional de restos provinciales y no faltan quienes proponen una barrera nacional de acceso a la representación e incluso transformar el sistema proporcional en sistema mayoritario. ¿Qué tendrían en común todas estas propuestas? Que todas serían plenamente democráticas pero sobre ninguna de ellas sería posible trazar hoy un consenso. No puede haber sistemas electorales a la carta y mucho menos reformas basadas en intereses partidistas o coyunturales.  Por eso no me parece lo más apropiado responsabilizar a los demás de la pérdida de votos o escaños. Yo invitaría a IU a hacer una serena reflexión y preguntarse si la estrategia política seguida en los últimos años ha sido lo más acertada; a algunos con el cambio de estrategia, seguro les va a ir mejor. No se amparen en el informe del Consejo de Estado, que no fue un informe neutral porque precisamente se le había pedido una propuesta de reforma para mejorar la proporcionalidad. Si se le hubiera pedido una propuesta para mejorar la estabilidad institucional, es posible que sus conclusiones hubiesen sido bien distintas. Por cierto, me sorprende que algunos en su vehemente defensa de la proporcionalidad no prediquen ese mismo principio del Reglamento del Congreso, que otorga a los grupos parlamentarios los mismos tiempos de intervención con independencia del número de diputados que lo componen. Ahí no hay proporcionalidad, luego el sistema a veces compensa. Las reformas que proponemos no son reformas menores, algunas tienen un significado muy profundo. Desde la fórmula jurídica para desactivar el poder de los tránsfugas, una medida de regeneración democrática que va a favorecer la transparencia en la vida municipal y que va a impedir en un futuro que un tránsfuga cambie gobiernos municipales, hasta el nuevo procedimiento de voto de los españoles que residen en el exterior, que va a eliminar cualquier sombra de duda o de sospecha sobre dichos sufragios. Es un procedimiento más garantista basado en tres principio: el de personalidad para evitar suplantaciones, el de transparencia para evitar manipulaciones y el de efectividad para garantizar que sus votos se contabilicen en el escrutinio, introduciendo por primera vez en la historia la previsión del voto en urna en consulado, que era una antigua reivindicación de nuestros compatriotas en el exterior y que con esta reforma ha sido atendida. Más garantías en el voto en el exterior y más control y transparencia en la definición y elaboración del censo electoral.  Hemos clarificado los plazos de censo cerrado para cada elección, que con esta reforma se adelanta un mes y en los dos meses anteriores a la convocatoria no se atenderán las reclamaciones por cambio de residencia de una circunscripción a otra, impidiendo con ello los empadronamientos fraudulentos o de conveniencia que con fines electorales consiguen su objetivo.  También hemos incluido en la reforma medidas para simplificar las campañas electorales. Hemos eliminado la precampaña en términos publicitarios, pues solo se permitirá a partir de ahora contratar esos soportes de publicidad estrictamente en los quince días de campaña. Ello va a permitir que en un futuro las campañas no giren sobre la publicidad, sino sobre los debates, los programas y las propuestas de los partidos, todo ello en beneficio de los puntos de interés de los ciudadanos. Menos publicidad, pero también menos gasto. En un momento de dificultad y de crisis los partidos teníamos que ser los primeros en dar ejemplo. Así, en un ejercicio de austeridad y también de responsabilidad, hemos decidido reducir en un 15 por ciento el techo de gasto que los partidos podemos gastarnos en campaña y congelar las subvenciones por voto, escaño y mailing. Menos gasto y más imparcialidad.  Y existía la mala costumbre de que los poderes públicos con ocasión de una campaña electoral pusieran en marcha campañas institucionales que en realidad eran promocionales de logros y realizaciones, y esperaran a los últimos días de campaña para lanzarse también a una vertiginosa sucesión de inauguraciones y de obras. La Junta Electoral había puesto límites a estas actuaciones y ahora nosotros, sencillamente las prohibimos.  Por último, hemos establecido las reglas y principios a las que deben someterse las emisoras de titularidad privada en campaña electoral, derogando la Ley de 1988 que equiparaba a estos efectos las televisiones privadas con las públicas. Hemos eliminado la obligatoriedad del régimen de concejo abierto para facilitar la gestión municipal en los municipios de menos de cien habitantes y actualizado los delitos e infracciones electorales al vigente sistema de pena recogido en el Código Penal.  

Creo que hemos hecho un buen trabajo y las reformas que hoy proponemos vienen avaladas por un alto grado de consenso, mejoran la ley vigente y, lo que es más importante, persiguen el interés general, que es lo mismo que decir que persiguen el interés de la mayoría de los españoles.

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