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lunes, 23 de septiembre de 2019
UNIDAD FRENTE A SUBTERFUGIOS PDF Imprimir E-Mail

La Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 fue una ley que tuvo por objeto impedir que se utilizara la participación política, democrática, con fines antidemocráticos por parte de quienes no respetan el derecho a la vida y utilizan, apoyan o no rechazan la violencia para conseguir fines políticos pretendiendo beneficiarse al mismo tiempo del sistema democrático. benegas.jpg

Esa ley también suscitó en su debate diferentes interpretaciones sobre su legalidad. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, después de un riguroso control en lo relativo a la presencia de razones convincentes imperativas que pudieran justificar la disolución de los partidos políticos demandantes, resolvió que esta injerencia correspondía a una imperiosa necesidad. De ello se deduce que la disolución puede estimarse necesaria en el seno de una sociedad democrática con vistas en particular al mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros.

Y el tribunal concluyó diciendo: A la luz de cuanto precede, no se ha dado violación alguna del artículo 11 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por tanto, la Ley de Partidos tiene reconocida su legalidad democrática por el más alto tribunal europeo en derechos humanos.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos, en cada elección acontecida Batasuna o la denominada izquierda abertzale han desplegado una imaginación significativa para buscar subterfugios con la finalidad de burlar la ley. Todos los conocemos y ya tenemos una experiencia acumulada de cómo lo hacen o de cómo lo han intentado en sucesivas ocasiones.

Por ello, las reformas que plantemos PSOE y PP en la proposición de ley de reforma electoral tienen por objetivo cerrar cualquier vía por la que los que no condenan ni rechazan la violencia ni aceptan las reglas democráticas pudieran concurrir a las elecciones y acceder a las instituciones. Nuestro sistema democrático ha demostrado que no nos situamos en la persecución de proyectos políticos sino en los métodos -si son democráticos o no son democráticos- con que estos son defendidos.

Lo que proponemos son reformas que no niego que tengan un carácter instrumental en el sentido de que quienes tienen que saberlo sepan que vamos a cegar, a taponar, las vías ambiguas por las que, sin rechazar con contundencia la violencia o sin distanciarse definitivamente de ETA, se pretenda buscar un resquicio legal para participar en las elecciones. La misma advertencia sirve para partidos democráticos que tengan la tentación de coadyuvar a fines espurios en relación con el respeto debido a las reglas democráticas, cuyo principio esencial reside en la renuncia a utilizar la violencia para dirimir conflictos políticos.

Desde esta perspectiva, como novedad, en la proposición de ley se introduce y regula el concepto de incompatibilidad sobrevenida al que se ha hecho alusión en diversas intervenciones por parte de diferentes portavoces. ¿Qué es lo que se pretende? Si un partido es declarado ilegal después de las elecciones, sus cargos electos incurrirán en causa de incompatibilidad. En este supuesto, dispondrán de quince días para hacer una declaración expresa e indubitada de rechazo respecto a las causas determinantes de la declaración de ilegalidad ante la Junta Electoral Central.

Para que se entienda, pretendemos que hechos y casos tan lamentables como el de Mondragón después del asesinato de Isaías Carrasco no pueda volver a repetirse en nuestra vida democrática. Eso es lo que pretendemos, que después de un asesinato de un ex concejal, una alcaldesa se niegue a condenar el atentado y siga apoyando públicamente la violencia terrorista. Si hubiera estado en vigor esta reforma que proponemos habría incurrido en incompatibilidad sobrevenida.

La otra reforma contempla la posibilidad de que una vez celebradas las elecciones se pueda anular una lista sin ilegalizar al partido en su conjunto. Es fácil suponer en quién estamos pensando. El terrorismo con sus brutalidades y salvajadas ha causado mucho dolor y sufrimiento en el País Vasco y en el conjunto de España. La aspiración de los demócratas es vivir en una sociedad de hombres y mujeres libres sin violencia en la que se defiendan los proyectos políticos solo mediante la palabra. Esa es la sociedad vasca y la sociedad española por la que luchamos los demócratas.

Creo que hemos avanzado singularmente en la conquista de este objetivo aunando esfuerzos policiales, esfuerzos políticos, de unidad democrática, actuación de la justicia, colaboración internacional, y podemos decir que estamos en el camino de conseguir el objetivo de poder vivir en una sociedad vasca sin violencia y sin terrorismo y por ende en una sociedad española donde la democracia ha salido más fortalecida.

Hoy con más razón que nunca es el momento de mantener la máxima unidad democrática. Hoy más que nunca, la unidad democrática es fundamental en la lucha contra el terrorismo para hacer ver a los violentos y a sus apoyos que no les quedan más caminos que la cárcel o el abandono de las armas. No tienen más alternativas, y para ello reclamo el mayor esfuerzo de unidad democrática a pesar de las discrepancias que estas reformas puedan tener en unirnos en el objetivo común, que es erradicar de una vez por todas la violencia terrorista en nuestro país.

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