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jueves, 09 de abril de 2020
Remitida al Senado la reforma electoral que estrecha el cerco a Batasuna PDF Imprimir E-Mail

El Pleno del Congreso ha aprobado la proposición de ley de reforma electoral suscrita por PSOE y PP para taponar a Batasuna y sus herederos todas las vías de acceso a las instituciones democráticas con el voto en contra de PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai (Na-Bai) y la abstención de CiU.

La reforma culminará su tramitación en el Senado en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el 18 de enero. Y sin cambios, para que no tenga que volver a la Cámara Baja y se publique cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor para las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo.

En su defensa de la proposición, el ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha argumentado que la iniciativa pretende que "imponer" el imperio de la ley frente la "argucia" del entorno de ETA. "Mientras ETA exista, Batasuna, se llame como se llame, no podrá concurrir a las elecciones", ha enfatizado Gómez Bermúdez, antes de emplazar al Gobierno a "emplearse a fondo" para evitarlo.

Tras subrayar que esta proposición de ley no es que sea oportuna sino que es "obligatoria", el diputado 'popular' ha apuntado que el destino de la "camorra" fundamentalista de ETA, además de responder de sus crímenes ante las víctimas y la justicia, será su "derrota" o su rendición y "pasar al basurero de la historia". "El único comunicado que aceptamos es la entrega definitiva de las armas sin medias tintas ni mediadores --ha añadido--. No vale mirar para otro lado ni situarse al margen de ETA".

En términos similares, el diputado del PSOE José María Benegas ha apuntado que esta reforma pretende dejar claro a esa izquierda abertzale que ha tenido una imaginación "significativa" para "burlar" la Ley que tenga claro que se le va a impedir vías "ambiguas" para acceder a las instituciones si no rechazan la violencia o se distancian definitivamente de ETA.

"No van a caber subterfugios para participar en las elecciones", ha advertido Benegas, quien ha reiterado que Batasuna y sus herederos no van a conseguir a partir de ahora que se vuelvan a repetir casos "tan lamentables" como el del concejal socialista de Mondragón asesinado por la banda armada Isaías Carrasco.

La proposición de ley fue aplaudida por la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha congratulado de que el objetivo de esta reforma sea "fortalecer" el Estado de Derecho y defender la democracia y los Derechos Humanos. "Se trata de que protejamos a las instituciones de aquellos que han hecho de su vida la destrucción de la democracia --ha proclamado--. Éste es el camino frente al terror".

En contraposición, CiU, PNV, ERC y Nafarroa Bai se han mostrado más críticos con respecto al texto aprobado este martes, singularmente sobre la figura jurídica de la incompatibilidad sobrevenida, de la que aseguran tener dudas sobre su constitucionalidad, y han censurad el atajo legal que a su juicio supone una medida que pretende llegar donde el Código Penal "jamás" hubiese permitido, en palabras de la representante de Na-Bai, Uxue Barkos.

De su lado, el diputado de los nacionalistas catalanes, Jordi Xuclá, ha dejado claro el apoyo de CiU a la unidad en la lucha contra el terrorismo y de apoyo al Ejecutivo en este asunto. Ahora bien, ha recalcado que esta reforma conseguirá un objetivo "contrario" al que persigue.

En parecidos términos se ha expresado Aitor Esteban, del PNV, para quien el texto acordado por PSOE y PP supone "una vuelta de tuerca más" a la Ley de Partidos, que los nacionalistas vascos siempre han censurado, y ha apuntado que, además, su aplicación se ha llevado adelante con un criterio "electoralista". "la lucha contra ETA no puede quedar supedita a la quiebra del texto constitucional y a sumir a los actores políticos en una inseguridad jurídica", ha concluido.

Desde ERC, Joan Ridao ha criticado que esta reforma persiga excluir de los próximos comicios a la izquierda abertzale que, según ha recalcado está experimentando cambios "evidentes y constatables", y ha pedido "altura de miras" para que en el proceso hacia la paz definitiva en el País Vasco "no haya vencedores y vencidos". "Entendemos que haya dudas sobre la treguas fracasadas, pero no es aceptable dar una vuelta de tuerca más preventiva, y menos hacerlo con medidas de dudosa inconstitucionalidad como la incompatibilidad sobrevenida", ha indicado.

Más plazos para evitar subterfugios

La reforma aprobada por la Cámara Baja se centra en ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.

Además, en el supuesto de que la apuesta de Batasuna no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, el texto amplía también el plazo para recurrir la proclamación de electos con el fin de evitar al menos que éstos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.

Asimismo, se introducen unos cambios legales para impedir que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron, atribuyéndoles una incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación, una figura jurídica criticada por CiU, PNV y ERC.

A esta proposición de ley se añadió una enmienda acordada también por PSOE y PP para extender a las agrupaciones de electores las nuevas medidas contempladas en esta reforma de la LOREG, un asunto que había quedado pendiente de cerrar y que ambas formaciones sellaron hace unas semanas.

También incluye otra de UPyD, con la que se busca impedir que se presenten a las elecciones los condenados a inhabilitación, aunque no sea por sentencia firme "por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

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