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miércoles, 08 de abril de 2020
Las Asociaciones de Periodistas rechazan los bloques informativos en campaña electoral PDF Imprimir E-Mail

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha criticado la imposición de bloques electorales televisivos en las campañas porque invalidan el papel informativo del periodista, suponiendo "un auténtico atropello profesional".  fape.jpg

A su juicio, la reforma de la Ley Electoral que extiende a las cadenas privadas las restricciones que ya se aplican en los medios públicos podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución al obligar a las cadenas privadas a dedicar espacios a la propaganda política bajo esos mismos criterios de proporcionalidad y neutralidad que ya imperan en las públicas.

Así lo señala el informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, órgano de carácter independiente, que rechaza este nuevo intento de imponer límites al periodismo y establece diferencias entre las funciones de los medios de comunicación públicos y privados, de acuerdo a su naturaleza jurídica.

"Los medios privados, por su interés económico general, no tienen función de servicio público esencial y por tanto no se les puede exigir la gratuidad de estas emisiones electorales lo que, en todo caso, vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información", señala el documento en referencia al artículo 66.2 de la proposición de ley, que obliga a las privadas a cumplir con los mismos criterios de proporcionalidad que imperan en las públicas.

La organización entiende que este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional, e interpreta la reforma como un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno.

El documento propone el rechazo unánime a toda información producida bajo la cuestionable deontología periodística de los partidos políticos, y apela a la responsabilidad de las empresas informativas para apoyar a sus trabajadores en la defensa de su derecho a informar en libertad.

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